Cuando un juez ayudó a congelar las restricciones migratorias ordenadas por el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, empezó a recibir amenazas en internet.
El acoso aumentó las preocupaciones sobre seguridad entre jueces de todo el país, y los expertos temen que los ataques del mismo presidente contra los jueces puedan hacer de los magistrados un objetivo más atractivo.
El juez de distrito James Robart impuso la semana pasada una orden de suspensión temporal que congeló la aplicación del decreto de Trump. El presidente no tardó en tuitear que la opinión de “este supuesto juez” era “ridícula” y sería revocada. También tuiteó que el juez era un “conocido simpatizante de progresistas” que “íacaba de abrir la puerta a terroristas!”. Robart se convirtió rápidamente en un objetivo en medios sociales. Alguien lo llamó en Twitter “HOMBRE MUERTO QUE CAMINA” y otro en Facebook sugirió que debería ser encarcelado en el centro militar de detención de la Bahía de Guantánamo “donde están retenidos otros enemigos de Estados Unidos”.
“Sé que hay un temor entre la judicatura con lo que se está diciendo”, dijo John Muffler, exalguacil de Estados Unidos y que enseña temas de seguridad en el National Judicial College en Reno, Nevada. El experto citó contactos profesionales y correos electrónicos cruzados con jueces. Los comentarios críticos del presidente tienen consecuencias, añadió, porque “es fácil empujar a la gente al límite a cruzar la línea una vez se pone en marcha la retórica”.
Trump arremetió de nuevo el miércoles contra el sistema judicial después de que la Corte de Apelaciones del Noveno Circuito en San Francisco apoyara los argumentos a favor de mantener la orden temporal de Robart. Durante un discurso ante fuerzas de seguridad, el presidente dijo que “los tribunales parecen ser muy políticos” y describió la vista como “una desgracia”. Al día siguiente, el portavoz de la Casa Blanca, Sean Spicer, dijo que Trump “no se arrepiente” de sus críticas a los jueces. Las amenazas contra jueces no son algo nuevo. Suelen llegar en forma de emails, llamadas telefónicas, cartas y mensajes en medios sociales, según registros judiciales del Servicio de Alguaciles Federales de Estados Unidos, responsable de proteger a los jueces federales. Los jueces están bien protegidos en sus oficinas en tribunales, pero la mayoría no recibe protección en casa o cuando se mueven por su comunidad.