SAN JOSE (AFP).- El Partido Liberación Nacional (PLN, socialdemócrata) exigió este jueves el retorno del ex presidente José María Figueres de Ginebra para que explique por qué recibió 906.355 dólares provenientes de la transnacional francesa Alcatel, mientras que una jueza decidirá el viernes si envía a prisión al ex presidente Miguel Angel Rodríguez.

   Figueres (1998-2002) reconoció el miércoles que recibió 906.355 dólares entre los años 2000 y 2003 por «una asesoría para promocionar y divulgar las tecnologías de telecomunicaciones» brindada a una empresa costarricense, la cual, sin embargo, le pagó al mandatario con fondos provenientes de Alcatel.

   De hecho, el informativo Telenoticias de Canal 7 aseguró el miércoles tener en su poder documentos que indican que Alcatel condicionó los pagos (para la compañía que subcontrató a Figueres) a la aprobación de un contrato con el Estado por 149 millones de dólares en el ámbito de las telecomunicaciones, que se realizó en 2001.

   La revelación de Figueres causó revuelo en el mundo político costarricense, en el que otro ex presidente está bajo arresto domiciliario y un tercero está en prisión preventiva por presuntos sobornos.

   El directorio del PLN, partido de oposición, se reunió la noche del miércoles y acordó separar a Figueres de la agrupación política mientras se le investiga, al tiempo que los diputados pidieron el retorno inmediato del político para que dé cuentas sobre sus actos.

   «Tengo la autoridad para decirle: don José María, venga para acá y explíquele a la opinión pública, a la comisión legislativa y póngase a las órdenes de las autoridades judiciales», declaró la diputada liberacionista Laura Chinchilla, quien fue ministra de Seguridad durante el gobierno de Figueres.

   Por su parte, el presidente del Tribunal de Etica del PLN, Francisco Aguilar, dijo que ese organismo estudiará la situación de Figueres, quien actualmente reside en Ginebra (Suiza), donde funge como presidente del Foro Económico Mundial.

   Alcatel ya se había visto involucrada en la distribución de casi nueve millones de dólares en «comisiones» entre prominentes políticos, funcionarios de gobierno y empresarios, por la aprobación de un contrato de telefonía celular con el monopolio estatal Instituto Costarricense de Electricidad (ICE).

   El pago de esas comisiones llevó a la detención el pasado 15 de octubre del ex presidente y fugaz secretario general de la Organización de Estados Americanos (OEA), Miguel Angel Rodríguez, quien guarda prisión domiciliaria.

   Precisamente, este jueves Rodríguez asistió a una audiencia con una jueza costarricense, la cual decidirá el viernes si continúa bajo arresto domiciliario o deberá ser enviado a prisión, ya que la Fiscalía había apelado la prisión domiciliaria por cárcel, pues inicialmente solicitó nueve meses de prisión preventiva.

   «La jueza (Gabriela Jara) dijo que probablemente mañana lo dictaba (el fallo)», señaló a la prensa el abogado de Rodríguez, Rafael Gairaud, a la salida de los tribunales de justicia.

   Gairaud defendió a su cliente y dijo que el ex gobernante (1998-2002) no debería estar detenido pues no existe peligro de fuga ni tampoco ha obstruído la investigación, dos de los elementos por los cuales se recomienda la prisión preventiva.

   El ex presidente está acusado de delitos de corrupción, cohecho y enriquecimiento ilícito por recibir cientos de miles de dólares de las arcas de la empresa transnacional francesa Alcatel, según declaró a la Fiscalía uno de sus principales colaboradores.

   Posteriormente, se denunció que Rodríguez también habría recibido 1,4 millones de dólares provenientes del gobierno de Taiwán y empresas taiwanesas, así como una comisión de la empresa española Inabensa.

   Gairaud también dijo que su cliente presentó este jueves una propiedad como garantía para la fianza impuesta por las autoridades costarricenses por un valor de 250 millones de colones (unos 555.000 dólares).

   Las denuncias corrupción y sobornos de empresas y gobiernos extranjeros de las últimas semanas enviaron también a prisión la semana anterior a otro ex presidente, el socialcristiano Rafael Angel Calderón, en relación con un crédito de Finlandia para la Caja Costarricense del Seguro Social.