WASHINGTON(AFP).- Los adversarios demócratas del presidente Bush se disponían ayer, jueves, a intensificar la presión en el caso de los fiscales federales despedidos por razones aparentemente partidistas, atizando así un escándalo en el que cada partido ve una ocasión para mostrar su firmeza.

Este caso adquiere cada vez más las características de una guerra de trincheras entre la Casa Blanca y el Congreso, luego de que los presidentes de las comisiones de Asuntos Judiciales de la Cámara de Representantes y el Senado autorizaran el miércoles y el jueves la citación de asesores del presidente George W. Bush. La Casa Blanca se niega con firmeza a autorizar que sus colaboradores, en particular la eminencia gris del presidente, Karl Rove, y la ex responsable de los servicios jurídicos de la presidencia Harriet Miers, testifiquen en público y bajo juramento.

El presidente Bush, quien acusó a sus adversarios de embarcarse en «una jugada partidaria para disparar indiscriminadamente contra honorables servidores públicos», sólo acepta que sus colaboradores mantengan conversaciones privadas en el Congreso, sin juramento ni actas escritas.

El portavoz presidencial Tony Snow descartó reformular la propuesta, que calificó de «muy generosa y razonable», acusando el jueves a Leahy de querer «un proceso espectácular, tendiente no a conocer la verdad, sino a cuestionar a los responsables de la Casa Blanca».

Para los demócratas, mayoritarios en el Congreso, este caso aparentemente menor –a pesar de que la designación de los fiscales compete al Poder Ejecutivo, es inusual que sean separados de sus cargos sin que se produzca un cambio de gobierno– es la oportunidad soñada para afirmarse frente a un presidente que durante seis años detentó todos los resortes del poder.

El episodio refiere a la separación de sus cargos de ocho fiscales a cargo de casos políticamente sensibles en los últimos meses. Tras haber invocado decisiones fundadas en cuestiones de competencia, la administración y dos legisladores republicanos señalaron que Miers y Rove habían intervenido personalmente en los despidos.

«En un momento dado uno comienza a preguntarse. ‘¿la justicia es independiente o no?’. Muchos republicanos y demócratas cuestionaron lo que está pasando y lo único que quiero es saber la verdad», explicó el jueves Patrick Leahy, presidente demócrata de la comisión de Asuntos Judiciales del Senado, a la cadena de televisión NBC.

El caso puede terminar en la Corte Suprema si la Casa Blanca se niega a obedecer las citaciones a comparecer, y viene a eclipsar la controversia por Irak, difícil de gestionar por los demócratas, que se encuentran divididos al respecto.

También deja en situación incómoda a varios legisladores republicanos, muchos de los cuales se niegan a defender al secretario de Justicia, Alberto Gonzales, y piden una salida de compromiso.

«¿Por qué no declararle la guerra al Congreso?», se preguntaba el jueves el diario conservador The New York Post. Bush «tiene el deber de afirmarse y hacer el trabajo para el que fue electo de la forma que considere necesaria», señala el diario en un editorial, antes de llamar al orden al presidente: «La guerra está teniendo lugar, no solamente contra los terroristas, sino (también) contra los demócratas».

Aunque sin asumir esta visión guerrera de la política, Snow prefirió invocar los grandes principios: «queremos preservar el principio de que las personas que asesoran confidencialmente al presidente deben poder hacerlo sin tener que rendir cuentas públicamente», dijo.