BOGOTA (AFP).- Familiares de secuestrados, líderes políticos y la Iglesia Católica aumentaron la presión sobre el gobierno colombiano y las FARC para que negocien cuanto antes un canje de rehenes por rebeldes presos, luego de que el presidente Alvaro Uribe lanzara una propuesta rechazada por esa guerrilla.

   Tras tomar la iniciativa de divulgar el 18 de agosto su iniciativa de excarcelar a 50 guerrilleros a cambio de 22 políticos, 34 militares y policías y tres estadounidenses, el gobierno concentra ahora la exigencia de diversos sectores para que designe a sus representantes en una eventual negociación del pacto humanitario.

   El clamor aumentó luego de que las FARC, al rechazar el domingo la propuesta bajo las condiciones impuestas por el gobierno, anunciaron su disposición para negociar el acuerdo de canje señalando que sus negociadores están «listos».

   La Iglesia Católica hizo este martes un llamado a las FARC y al gobierno para que flexibilicen sus posturas, en las que «no ha habido un centímetro de movimiento» en el último año, según el vicepresidente de la Conferencia Episcopal, monseñor Luis Augusto Castro.

   El prelado, miembro de una comisión eclesiástica que busca un acercamiento entre el gobierno y las FARC, consideró que el grupo rebelde dejó las puertas abiertas al intercambio humanitario, aunque señaló que no será fácil ni se dará de inmediato, porque persiste un tira y afloje entre las partes para dar inicio a una negociación.

   «El problema es que para que haya un negociador y para que estén los delegados de la guerrilla tiene que darse una mesa y cuatro sillas, y un lugar, y el encontrar ese lugar es lo difícil, es decir, una zona de seguridad donde se pueda hablar es como complicado. Ahí hay una posición difícil», manifestó.

   Fabiola Perdomo, portavoz de las familias de 12 diputados departamentales secuestrados por las FARC, aseguró a la AFP que se prepara una vigilia -que posiblemente se realizará el viernes- para insistir en el inicio de una negociación del pacto.

   «Es el momento de que el gobierno designe sus voceros para sentarse a discutir el intercambio humanitario y debe ser pronto para aprovechar el ambiente favorable que existe en Colombia para esta negociación», afirmó la presidenta de la Cámara de Representantes, Zulema Jattin.

   La misma petición fue hecha por el defensor del Pueblo, Vólmar Pérez, quien dijo que no interpreta como un «portazo» la reacción de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC).

   La guerrilla rechazó que el gobierno ponga como condición para el canje que los rebeldes que sean excarcelados se sometan a un programa de reinserción a la vida civil, en el país o el exterior, y estén acusados o condenados únicamente por rebelión y no por crímenes como secuestro y terrorismo.

   En ese punto el gobierno dice tener poco margen de maniobra. Este martes fue divulgado un fallo de la Corte Suprema de Justicia, según el cual los guerrilleros y paramilitares que se desmovilicen y estén implicados en secuestros no podrán beneficiarse de indultos o amnistías, por considerar que ese delito no es conexo con el de rebelión.

   Según las FARC, la propuesta del gobierno «carece de realismo y seriedad», porque «niega a la guerrilla la discusión sobre la conexidad de ciertos delitos con el derecho a la rebelión».

   Al calificar esa respuesta como «destemplada, el senador Germán Vargas, aliado de Uribe, dijo que era «obvio que querían a todos sus guerrilleros presos», por lo que criticó la oferta del gobierno al crearles «falsas expectativas» a las familias de los rehenes.

   El analista Alfredo Rangel, experto en asuntos de seguridad, aseguró que «no hay ninguna coincidencia en las condiciones y las formas de hacer el intercambio».    «El diablo está en los detalles», afirmó.