La Fundación Institucionalidad y Justicia (FINJUS) afirmó ayer que el estado de inseguridad ciudadana y la “alarmante” participación activa de privados de libertad en hechos delictivos emite una alerta sobre el sistema de justicia penal, obliga una intervención urgente del Estado y una reforma integral en el sistema.

Indicó que la falta de transparencia, conexiones con grupos criminales organizados, permeabilidad de los controles, y la insuficiente inversión presupuestaria institucional son parte de las debilidades de que adolecen los centros de reclusión del país, y que hacen imposible que la pena privativa de libertad cumpla con el fin que traza la Constitución, orientado hacia la reeducación y reinserción social de la persona condenada.
“Desde FINJUS concordamos con lo expresado por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) en que dado este contexto, las cárceles entonces se convierten “en escuelas de delincuencia y comportamiento antisocial que propician la reincidencia en vez de la rehabilitación”; y es que, con sugestiva impunidad, aquellos que se encuentran recluidos urden tácticas para seguir delinquiendo aún privados de su libertad”, subrayó.
Se necesita hacer diagnóstico. La entidad de la sociedad civil dijo que esa realidad obliga a que se realice un análisis y diagnóstico profundo de las particularidades que obstaculizan la efectividad del objeto de las penas privativas de libertad a la luz del catálogo de derechos que asume la Constitución.
Entre los datos que en opinión de la FINJUS pudieran orientar el tratamiento estatal al sistema penitenciario, señaló los resultados de algunos informes dispersos que dan un mapeo de algunas vulnerabilidades en el sistema, donde se demuestra por ejemplo, la violación sistemática de los derechos humanos de los reclusos y sus familias, especialmente de aquellos en condiciones de vulnerabilidad.