QUITO (AFP) – Seis presos, entre ellos una brasileña, un chileno y un colombiano, comenzaron una crucifixión colectiva en Ecuador, en una protesta de 10.000 reclusos que cumplió cinco días para exigir rebajas de penas, con costuras de labios, entierros de cuerpos, desangres y huelgas de hambre.

Las seis primeras crucifixiones de una serie colectiva mayor tuvieron lugar el jueves en dos cárceles del puerto de Guayaquil e involucraron a una brasileña, un chileno y un colombiano sindicados de narcotráfico y que no han sido sentenciados pese a estar detenidos desde hace casi dos años en promedio.

Washington Grueso, portavoz de los manifestantes, dijo este viernes a la AFP que las crucifixiones y las coseduras de labios serán masivas en Pichincha -provincia de la que Quito es capital- y que a esas medidas se sumarán reclusos de otras partes del país la próxima semana.

«Hemos iniciado una etapa de crucifixiones en todos los centros carcelarios para exigir al Congreso un cambio estructural en el sistema de penas», señaló Grueso, quien advirtió que las protestas «se radicalizarán aun más».

De los seis crucificados, el chileno y un ecuatoriano continuaban este viernes colgados en crucifijos de madera elaborados con sus compañeros, agregó el vocero, quien está preso en Quito.

El chileno Daniel Pentenero, también en huelga de hambre, se perforó las manos con clavos de acero. «Fue una crucifixión real», anotó Grueso.

«No importa que ponga en peligro mi vida. Lo hago porque todos tenemos el derecho de salir y arrepentirnos de nuestros errores», expresó Pentenero a la prensa.

Grueso precisó que los tres extranjeros están acusados de narcotráfico y que no han sido sentenciados pese a hallarse presos desde hace casi dos años.

«La compañera brasileña lleva detenida un año y medio, el chileno dos años y el colombiano un año y nueve meses», dijo.

El Congreso discute desde el jueves, en último debate, una reforma al código penal, pero este viernes se hallaba en receso.

En Guayaquil algunas reclusas mantienen sepultados sus cuerpos bajo tierra y otras se cosieron la boca y se desangraron con jeringas.

Según Grueso, las protestas se mantendrán «hasta conseguir que las autoridades resuelvan las demandas», que incluyen, además, soluciones al hacinamiento carcelario y mejoras en los planes de rehabilitación.

«El fin de semana no vamos a recibir visitas. Las medidas se radicalizarán y vamos a necesitar la ayuda del Comité Internacional de la Cruz Roja (CICR)», afirmó.

Una reunión entre el ministro de Gobierno (Interior), Mauricio Gándara, y portavoces de los reclusos concluyó el jueves sin un acuerdo para levantar el movimiento, a través del cual los internos mantienen el control pacífico de siete prisiones, incluidas las dos más grandes del país -en Quito y Guayaquil-.

En Ecuador hay 34 cárceles con capacidad para 6.500 personas, pero albergan a 11.650, y la petición es que se aplique el denominado dos por uno (dos años de sentencia por uno de prisión).

Grueso denunció que el 65% de los internos está sin sentencia, por lo que se exige reimplantar una norma que establece que nadie puede estar detenido más de un año sin condena. El artículo fue eliminado hace tres años por el Parlamento.

Las autoridades reforzaron la seguridad exterior de las penitenciarias para evitar posibles fugas.

Grueso señaló que a raíz de la protesta los internos están desobedeciendo a las autoridades, por lo cual «no hay encierro (de los detenidos en los calabozos) ni pase de lista (de control)».

Tampoco se permite la salida de presos para diligencias judiciales y el ingreso de más detenidos por parte de la Policía.