POR PEDRO GERMOSEN
El presidente del Senado, Andrés Bautista García, advirtió ayer que si la enmienda que elevó un préstamo de US$10.3 millones a más de US$76 millones para la adquisición de equipos militares, no fue avalada por el Congreso, es ilegal, y, por tanto, no obliga al Estado a pagar el empréstito.

El congresista reaccionó de esta manera ante la revelación de que un préstamo de US$10.3 millones se tomó en la pasada administración como garantía para otro empréstito de US$76 millones que no aprobó el Congreso.

En julio del 2002, el secretariado Técnico de la Presidencia autorizó a la secretaría de las Fuerzas Armadas a comprar helicópteros, vehículos y otros equipos mediante un préstamo de US$10.3 millones que el Congreso había aprobado en julio del 2001.

La suma, se informó, fue incrementada en US$76.4 millones sin aprobación de las cámaras legislativas, como dispone el numeral 13 del artículo 37 de la Constitución de la República.

El préstamo original fue suscrito entre el Estado y el Eximbank, representado por la firma R.O & G. International Trading, para la adquisición de 11 helicópteros, 120 vehículos y el entrenamiento de personal.

En su artículo tercero, el convenio dispone que las Fuerzas Armadas tendrán derecho a enmendar la orden de compra con la aprobación por escrito del Secretariado Técnico de la Presidencia, para aumentar la adquisición de productos y servicios, sin la necesidad del consentimiento congresional.

Sin embargo, entendidos en derecho constitucional sostienen que el aumento del préstamo en US$76 millones constituye una violación flagrante a la carta sustantiva de la nación.

Los US$76 millones adicionales fueron negociados por el Estado con el Suntrust Bank, de Atlanta, Georgia, a través de la firma R.O & G. International Trading, con la garantía del Eximbank.

La Cámara de Diputados emitió el 30 de octubre del 2002 una certificación en la que explica que la referida enmienda cumple con lo que establece el citado artículo tercero del contrato.

En la ocasión, el Senado también emitió una certificación similar.

Sin embargo, el presidente del organismo legislativo, Bautista García, de Espaillat, declaró ayer que «aquello que no es aprobado por el Congreso no obliga al Estado dominicano, porque la Constitución es clara en ese sentido.»

Cuando se le pidió que precisara si, en consecuencia, el citado empréstito no tiene ninguna validez, el presidente del Senado, recalcó:

«Si no está avalado por el Congreso Nacional, el Estado no está comprometido.»