POR ENRIQUE PEREZ VELEZ
En la edición de «HOY» del 28-07-04, el presidente de la Suprema Corte de Justicia manifiesta, que nadie le puede decir a la justicia dominicana quién es culpable de corrupción y quién no, además de otras afirmaciones, en clara referencia a determinadas declaraciones de embajadores y ministros extranjeros, en demanda de condenas para los responsables de las quiebras bancarias y de corrupción administrativa, pronunciamientos que en el argot diplomático se catalogaría como ingerencia en los asuntos internos de la nación, intromisión que nos hemos buscado, por la lenidad de nuestra justicia en castigar delitos de corrupción y de neutralizar los deliberados y constantes reenvíos propiciadores de procesos interminables, para evitar que se haga la justicia que el caso requiere.

Era de pensar, que en el nuevo siglo con la renovada Suprema Corte de Justicia, surgiría el despertar de los procesos contra la corrupción que adormecen en el colchón de la eternidad con el beneficio de la libertad «provisional» bajo fianza, beneficio con el que aparentemente los acusados obtienen la libertad permanente como en los tiempos de la «Suprema Reformista», por lo que existe la duda razonable de que hace falta de una pronta y eficiente administración de justicia, al recordar entre otros casos, el de la Aduana y Bienes Nacionales, porque los años transcurren en libertad provisional bajo fianza, con indicios de casos cerrados…

Por pura coincidencia, a seguida de la supuesta «intromisión» se produce en el Poder Judicial remociones y cancelaciones de jueces y personal administrativo y de jueces en investigación.

¿Raro verdad? En cuanto al traslados de jueces se alega que el propósito es de «mejorar la administración de justicia», por lo que se infiere que en la frontera se gradúan los jueces en administración justicia, en razón del traslado recíproco.

Como cosa normal, un apagón detuvo el desarrollo de estas notas que al otro día continúe con la declaración del Presidente de la Suprema Corte de Justicia sobre la instalación de una Cámara Constitucional para poder conocer más de 125 expedientes sobre recursos de institucionalidad. Lástima que no se pensara antes por aquello de que justicia tardía, justicia denegada como dicen los abogados, por lo que el caso de inconstitucionalidad Hatuey vs PPH-PRD, «irá para largo»…

¿Existirá alguna duda razonable o presunción de inocencia sobre el móvil del Poder Legislativo y Ejecutivo para la mutilación de determinadas áreas protegidas, no obstante las múltiples protestas del mundo ecológico nacional e internacional? Las íntima convicción de los pobladores de esta media isla acusa legítima sospecha de índole económico, que traducido al «idioma» dominicano quiere decir que hay mucho US$ por el medio, según el persistente rumor público.

No hay duda razonable, ni presunción de inocencia, sobre la inconsecuente política del Poder Ejecutivo que, en el vértice de la peor crisis económica del país, con un Estado en total bancarrota y durante el período de transición, otorgue jugosas pensiones mensuales a decenas de compañeros y compañeras, por lo que la íntima convicción del soberano dictamina que se trata de un acto perverso y reprochable.

No existe tampoco ninguna duda razonable de presunción de inocencia, la inocencia, la inconcebible actuación de las autoridades del Consejo Estatal del Azúcar sobre las «ventas-regalos» de los terrenos de esa entidad del Estado a la fanaticada perredeísta, para premiar la proeza de aniquilamiento de las arcas del Estado. ¿Se podrá alegar presunción de inocencia sobre esta incalificable acción? Imposible, Guilty (culpables), sentenciaría cualquier jurado norteamericano.

La presunción de inocencia tampoco se puede admitir respecto a la deshumanizada política de indolencia e indiferencia de las autoridades de Salud Pública, causantes del desastre de los hospitales públicos, del desabastecimiento de medicinas y de carencia de los equipos necesarios para la atención de los pacientes de escasos recursos, que por sus precariedades económicas se ven obligados a acudir a esos hospital convertidos hoy en cementerios de enfermos, por la falta de los materiales imprescindibles para aliviar la salud de esos pacientes, que por su estado de extrema pobreza, repito, se ven compelidos a concurrir a esos desvencijados centros de salud pública. No hay ninguna duda razonable para que se castigue a los autores intelectuales de esta gran catástrofe que tantas muertes de dominicanos y dominicanas han causado. Los sombríos cuadros que muestran los diarios y la TV de esos cementerios de enfermos, dan la impresión de que esos infelices pacientes, pacientemente esperan la muerte…

No puede haber presunción de inocencia ni duda razonable de que el Banco Central violara la Ley Monetaria, en cuanto a garantizarles a los ahorrantes de los bancos quebrados una suma no mayor de medio millón de pesos. ¿Se podría alegar presunción de inocencia en caso de pagar una cantidad mayor?, naturalmente que no. La íntima convicción del «juez pueblo» determina que la ley fue violada con las contundentes pruebas presentadas de actos de favoritismo, con la entrega de sumas millonarias en pesos y dólares para complacer ahorrantes especiales.

No se puede concebir presunción de inocencia en el caso del senador que con diez años en el ejercicio de esa lucrativa «carrera», con excelentes emolumentos mensual entre sueldo y dietas, con carros exonerados de impuestos, chofer, gasolina, guarda espalda, celular, y demás servicios pagados con los cuartos de los contribuyentes, con derecho a ONG, viajes en primera con hoteles cinco estrellas y otras «facilidades», congresista que pudiendo solicitar una justificada licencia por motivos de salud, para conservar todas esas prerrogativas que le otorga esa privilegiada posición hasta el año 2006, incluyendo la codiciada inmunidad parlamentaria, en un «gesto» de honestidad sin precedente en los anales del Congreso Nacional, decide renunciar de la curul aduciendo enfermedad y por ende renunciar a la múltiples prebendas que le otorga la senaduría.

Consultado mi asesor económico el Tenedor de Libros sobre esta «bello gesto», me dice que los «carguitos» de congresistas en Dominicana son los mejores remunerados del mundo en cuanto horas trabajadas se refiere, pues si nada extraordinario ocurre durante el año, solamente laboran en dos legislaturas de noventa días cada una, que al eliminar los sábados, domingos y días feriados se reduce a tan solo ciento veinte días de trabajo al año, y por la falta de quórum por inasistencia de los legisladores, ese abrumador trabajo disminuye aún más las horas de trabajo, por lo que dicha renuncia resulta sospechosa y muy cuestionable, porque «voluntariamente» dejará de percibir en los próximos veinticuatro meses que le falta para concluir el período para el cual fue elegido, por concepto de sueldos, dietas, y las boronitas del hombre del maletín que silencioso ronda continuamente por los pasillos del Congreso Nacional, una importante suma de dinero que sobrepasa los dos millones de pesos, además de quedarse sin chofer, guarda espalda, celular, viajes al exterior a todo dar, seguro médico para él y familia, pero el rumor público que dice presente una vez más, considera que el renuciante «va en coche», porque se trata de una transacción comercial de alto nivel económico en US$, porque lo que se está negociando es la inmunidad parlamentaria, para una persona de alto quilate. Cuando asimilo estos desmanes pienso que ese «local» debería cerrase temporalmente para fines de reparación moral.

Para concluir quiero decir que en mi octogenaria vida no he transitado un cuatrienio como este, cargado de tantas «travesuras» inconcebibles.