POR CLAUDIO CABRERA
En la medida en que aumentan las perspectivas de crecimiento para el año que inicia y en proporción a los sueños forjados por sectores sobre la posibilidad de concretar mayores objetivos de modernización del país para dejar atrás la pobreza, resulta cada vez más gravoso el peso de la deuda externa que recae sobre la economía dominicana.

De esta manera, la incongruencia entre los esfuerzos desplegados por las autoridades para cumplir con los compromisos externos se quedan cortos ante el grueso de los compromisos que en el contexto de la nueva Ley de Presupuesto de Ingresos y de Gastos Públicos para el año 2006, lo cual implicará desembolsos programados por RD$238,550 millones, una proporción igual al 24% del Producto Bruto Interno (PIB) de República Dominicana en este año.

Sumados a estos retos de la nación, está el interés de las autoridades por efectuar reformas dentro del Estado, lo cual empezó a revestir las características de una cruzada inmediata por reducir a proporciones congruentes con sus funciones los medios del Poder Ejecutivo para cumplir requerimientos y atender entidades dependientes.

«El contexto macroeconómico sobre el cual se elaboró el presupuesto se enmarca en la entrada en vigencia del RD-Cafta, pautado para el primero de julio del 2006, y el Acuerdo Stand By con el FMI», indica al respecto un informe de la Oficina Nacional de Planificación (ONAPLAN).

El director de este organismo, licenciado Guarocuya Félix, cuya oficina coordinó la confección del proyecto de presupuesto del 2006 sostiene que «como todo instrumento de política económica, el Proyecto de Ley de Ingresos y Gastos Públicos resulta un instrumento en el cual los gobiernos aplican los perfiles de sus respectivas políticas económicas, pero sin que estos lineamientos sean exclusivos».

De ello ha resultado, según explica, el gran interés puesto por el presidente de la República, doctor Leonel Fernández, así como por el equipo económico por estar disponibles ante los legisladores cada vez que se requieren aclaraciones sobre los alcances económicos de este programa económico a ser aplicado en este año.

Refiere que el presupuesto de este año es un instrumento bastante equilibrado y en sintonía con los términos del Acuerdo Stand By que mantiene la armonía entre ingresos y los gastos, lo cual se manifiesta en los topes establecidos para gastos apropiados con recursos internos y externos.

La deuda es gran problema

No obstante que los cambios establecidos mediante la nueva reforma fiscal aseguran al Estado ingresos suficientes para cubrir en forma apropiada los compromisos de deuda concertados con otros países, entidades financieras y organismos multilaterales del exterior, la programación para este año señala un camino bastante espinoso para las arcas del país en que un alto porcentaje de las recaudaciones gubernamentales van a parar a pagos para cubrirlos.

De esta manera, acorde al proyecto de presupuesto del 2006, este año el país deberá destinar RD$62,285 millones de sus fondos estatales para cubrir compromisos de la deuda pública tanto interna como externa, siendo esta última la de mayor proporción relativa.

Esta suma compromete un 6.2% del PBI para este año, es decir del total de la riqueza generada al año que transcurre.

El año pasado, la deuda pública relativamente abarcó un 7.0% del PBI, siendo mayor relativamente debido al hecho de que tanto el presupuesto como el PBI para el 2005 eran menores al de ahora.

Lo gravoso de la carga de deuda para el Estado dominicano se acentúa más cuanto que al comparar las cifras correspondientes a los gastos de capital presupuestados para este año 2006, se ha programado una suma inferior a la de inversiones a través del capítulo de gastos de capital, los cuales alcanzan a RD$48,621 millones, lo cual representa tan sólo un 4.8% del PBI.

Al comentar esta situación, el director de ONAPLAN sostiene que es indudable que aún el peso de la deuda externa constituye una fuerte carga sobre el erario público, en vista de que en los últimos cuatro años previos, los compromisos aumentaron en forma creciente.

El licenciado Félix entiende que, más aún, si le añadimos el componente de una crisis financiera que hizo explosión en el 2003 y llevó al país a una firma con el FMI, tenemos un cuadro completo de graves compromisos, llevando a postergar incluso algunos planes por parte del gobierno.

Asegura que no obstante las limitaciones, el gobierno está poniendo gran empeño en cumplir con muchos proyectos que está desarrollando, «porque si en algo se está claro es en que el desarrollo y modernización del país no pueden detenerse».

Esa es la razón por la cual el Secretariado Técnico de la Presidencia ha señalado que este presupuesto, sostiene, es un presupuesto participativo, de ajuste fiscal, pero también de responsabilidad social y financiera.

Es participativo porque a las comunidades se les ha dado bastante participación en cuanto se refiere a la definición de las obras prioritarias mediante el mecanismo de los consejos provinciales.

Con esto se procura aplicar una mayor equidad en la focalización de los proyectos a nivel regional, de manera que el constreñimiento económico no induzca a un abandono de las inversiones necesarias en muchas comunidades y regiones.

«Pero hemos partido de la premisa de un presupuesto equitativo, equilibrado y que respeta las limitaciones fiscales y financieras, al tomar en consideración los topes que se han señalado al gasto dentro del contexto del acuerdo ya indicado en el Fondo Monetario».

Reforma de la Presidencia

Como parte del proceso de la reforma institucional del Estado, el gobierno imprimió desde su asunción al poder un gran interés en efectuar cambios de largos alcances en lo que atañe al reordenamiento del aparato del Estado, tal como quedó manifestado en los lineamientos programáticos del partido en el poder.

En tal sentido, las autoridades han encaminado esfuerzos en el sentido de a mediados de este año acelerar cambios importantes, entre los que se señalan la conversión del Secretariado Técnico de la Presidencia en Secretaría de Estado de Planificación y Desarrollo.

Dentro de estos planes, por el momento el gobierno central adelanta los planes para modificar la estructura de la Presidencia de la República.

Como parte de tales cambios, el documento técnico emanado de la ONAPLAN plantea que en la actualidad la Presidencia de la República aglomera a 94 organismos divididos entre entidades y programas del Gobierno Central e instituciones descentralizadas.

En términos efectivos, la Presidencia tiene efectiva responsabilidad sobre la aplicación de RD$6,000 millones para este año 2006, según los cambios conllevados para tales fines.

Dichos cambios se empezaron a aplicar acorde con una comunicación en tal sentido enviada el 9 de diciembre pasado por el secretario Técnico de la Presidencia, ingeniero Temístocles Montás, instruyéndole al director de la Oficina Nacional de Presupuesto (Onapres) para que modifique la estructura de dicho capítulo.

Eso permitirá que las instituciones incluidas en la Presidencia y que realicen funciones que no se correspondan con las actividades que ejecuta la Presidencia de la República, pasen a ser parte de otras Secretarías.

«Con la modificación propuesta -resalta el documento-, la Presidencia de la República de ahora en adelante sólo abarcaría 40 organismos, en tanto que las restantes estarían distribuidas entre otras diez Secretarías de Estado y unos 20 organismos pasarían a conformar la nueva Secretaría de Estado de Planificación y Desarrollo».

Atendiendo a estos cambios, con la nueva distribución presupuestaria del 2006, la nueva estructura de la Presidencia estaría manejando sólo el 5.6% del total de los recursos presupuestarios.