El período legislativo concluyó ayer sin que fuera aprobado el Proyecto de Presupuesto de Ingresos y Ley de Gastos Públicos para el presente año, que sometiera el Poder Ejecutivo en el último tramo de diciembre del 2005.

Aunque se convocó a legislatura extraordinaria hasta el 15 de febrero próximo para conocer ese proyecto y lograr que sea aprobado sin grandes modificaciones, habrá que agotar una buena dosis de diálogo con el fin de que el Poder Ejecutivo y los legisladores armonicen pareceres y reajusten partidas.

Tres posibles escollos son la reforma fiscal y la forma como la ha estado aplicando el Gobierno, maniobrando con el ITEBIS y la Comisión Cambiaria, las aspiraciones de los legisladores de que sean modificadas algunas asignaciones y que se otorgue el 10% a los ayuntamientos, y el tercero y quizás más influyente, que estamos a unos meses de las elecciones congresionales y municipales del presente año.

Está también de por medio el hecho de que al entrar el 2006 sin presupuesto, se afecta el programa de ajustes pactado con el Fondo Monetario Internacional (FMI) y el Gobierno tendrá que pedir dispensa por este inconveniente.

En las circunstancias actuales lo que se impone es que se piense en la necesidad de mantener la estabilidad macroeconómica y motivar crecimiento de la economía o, por lo menos, que el crecimiento logrado se haga sostenible.

El reajuste de algunas asignaciones pretendido por los legisladores no debería hacerse a expensas de sacrificar otras y perjudicar programas sociales importantes.

Ahora, Poder Ejecutivo y legisladores deben pensar que el país requiere mantener y hasta mejorar su calificación riesgo/país, lo que demanda que sean depuestas las actitudes que puedan truncar determinados logros.

Trabajemos por el país, dándole la oportunidad de contar con un presupuesto equilibrado y desarrollista.

Llave de progreso

Si el éxito económico y social de un país tiene como principal motor la preparación de su gente, no se entiende que el Poder Ejecutivo haya recortado la asignación presupuestal de la Secretaría de Educación para el presente año, en comparación con la del 2005.

La decisión es aún más difícil de justificar si se toma en cuenta que se dispone de recursos suficientes para garantizar el avance de obras que muchos consideran no prioritarias, pero que el Gobierno está dispuesto a desarrollar contra viento y marea.

Así como ese, en el proyecto de presupuesto sometido por el Gobierno hay asignaciones que no parecen tener razón de ser, sobre todo porque frenan el impulso de programas bastante importantes. En lo que a Educación concierne, se sabe que para el presente año la cartera en cuestión tiene en carpeta programas ambiciosos dirigidos a mejorar la formación de maestros, la infraestructura escolar y la calidad de la enseñanza.

Es necesario revisar esos casos y corregir las distorsiones presupuestarias creadas.