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El Pacto Nacional para la Reforma Educativa suscrito en abril del año en curso por el presidente Danilo Medina, por los representantes de los sectores más importantes de la sociedad dominicana, y por todo el liderazgo político nacional especifica que “para alcanzar y sostener los niveles de cobertura, calidad y equidad que el país requiere en su sistema educativo es indispensable un adecuado financiamiento y el fortalecimiento de políticas de mejoras en la calidad del gasto.” Quienes rubricamos dicho Acuerdo contraíamos ante el país el compromiso de “cumplir con lo establecido en la Constitución y las leyes en lo referente al financiamiento de la educación superior a fin de garantizar la equidad y la calidad de la oferta”. En lo referente al financiamiento de la educación pre-universitaria, el gobierno del presidente Danilo Medina ha venido cumpliendo en gran parte con lo pactado; incluso, como lo dijera el mandatario peledeísta en la ceremonia de filmación del aludido Pacto, su gobierno comenzó a hacerlo antes de que dicho Acuerdo fuera suscrito. Esto permitió que la mala imagen que se tenía de la escuela pública comenzara a cambiar en sentido favorable. Para entonces, ya se había iniciado un ambicioso proyecto de construcción y equipamiento de cientos de aulas; meses después, se consolidó un ambicioso programa de alfabetización de adultos y se dio inicio a un abarcador proceso de revisión curricular al unísono con el desarrollo de un elaborado programa de formación y capacitación de maestros. Por ello, el gobierno del presidente Danilo Medina exhibe su accionar en materia de educación preuniversitaria como un gran logro de su gestión. Pero, como veremos más adelante, no ha sido así en materia de educación superior.
El proyecto de ley de reforma al Presupuesto Nacional de este año sometido al Congreso Nacional por el presidente Danilo Medina, mediante el cual dispone apropiaciones y reubicaciones por un valor ascendente a más de 6 mil millones de pesos, no contempla aumento alguno para la UASD, ni para ninguna otra institución pública de educación superior, lo que podría traer como consecuencia un serio desequilibrio entre un subsistema de educación preuniversitario en auge y un sistema público de educación superior en retroceso.
Mientras el Ministerio de Educación resultó favorecido con una duplicidad en su presupuesto anual de menos de 45 mil en el 2012 a más de 90 mil millones en el 2013, y con nuevos aumentos en el año 2014, y programados más en el 2015, el presupuesto de la UASD ha permanecido igual en ese interregno, lo que en la práctica significa una reducción. ¿De qué nos sirve el tener por un lado buenas escuelas públicas con facilidades a sus estudiantes que pocos países de la América española otorgan y, por otro, un subsistema público de educación superior económicamente desatendido? Economistas y educadores de renombre ven con preocupación que el Ministerio de Educación Superior, Ciencia y Tecnología disponga de un presupuesto de apenas 11 mil millones de pesos, menos de una tercera parte del 1% del PIB. Así no vamos a progresar.
Tenemos a bien el recordarles a quienes se consideran expertos en materia de manejo de financias públicas que en la República Dominicana, como en otros lugares de la América española, la educación superior se desarrolló en la década de los años 60 no como un proyecto deliberado de los gobiernos sino como una consecuencia de los cambios políticos, sociales y económicos que en esa época se dieron más allá de todo control estatal. Fue una combinación de fuerzas populares lo que produjo el enorme aumento en la demanda de la educación superior, vista ya no como un producto económico sino como un derecho de todos.