POR CLAUDIO CABRERA
La crisis originada en el sistema financiero hacia el 2003, ha devenido en un verdadero retruécano. Primero, apareció una crisis financiera que hizo necesario un acuerdo con el Fondo Monetario Internacional (FMI) para lograr fondos y sanear la economía.

Pero para arribar a un acuerdo con el FMI era preciso una reforma fiscal que ya se confeccionó, a pesar de que los ingresos provenientes de recaudaciones mermarán considerablemente ante la prevalencia de las nuevas políticas monetarias que han apreciado el peso dominicano ante el dólar estadounidense.

Al final, se precisa la confección de un nuevo Proyecto de Gastos Públicos para el próximo 2005, en el cual se pretende empezar a conjurar los efectos de la crisis económica y comenzar a relanzar la economía.

Aunque en principio las autoridades plantearon una reforma fiscal limitada a ingresos suficientes para engrosar las arcas públicas, los resultados efectivos de la política económica, por lo menos en los primeros cien días de puesta en marcha, alimentaron la idea de limitar más aún el horizonte de dicha reforma tributaria.

Si se valora la reducción en las tasas de cambio y de interés en el muy corto plazo desde agosto a esta parte, así como la reducción de la inflación en los precios, podría indicarse que el éxito justifica los medios monetarios y macroeconómicos disponibles para dominar la crisis.

No obstante, en materia económica, los efectos inmediatos y no controlados pueden acarrear dificultades, sobre todo, si no se toma en cuenta la mentalidad de los organismos multilaterales, los cuales, aún mostrándose en aparente flexibilidad, exigen el cumplimiento de metas inmediatas muchas veces inapelables como las leyes de la economía.    

De aquí que al momento de sentarse a la mesa de discusiones frente al FMI, al momento de tirar las cartas sobre la mesa, las autoridades económicas y monetarias dominicanas señalaran las dificultades que confrontaría el país, si no se asume un esquema flexible para la formulación y ejecución del próximo Presupuesto y Ley de Gastos Públicos para el 2005.

¿CÓMO AMPLIAR EL GASTO SOCIAL?

Desde que los planes de priorización del gasto social han prevalecido en la mentalidad de los reformadores sociales y se hizo un sitio aparte la idea de la necesidad de privilegiarlos en los países en vías de desarrollo a partir del final de los 80 y principios de los 90, la idea de sesgar mayores recursos a educación, salud y servicios sociales, ha prevalecido en las políticas económicas gubernamentales.

Aunque muchas veces estas decisiones son distorsionadas por políticas orientadas a privilegiar la construcción de obras, cada vez más diferentes gobiernos atienden a estos lineamientos considerados imprescindibles para combatir la pobreza.

Pero la crisis en la economía que desde hace dos años abate los ingresos públicos, ha dado como resultado una decadencia de las políticas pública dirigidas a atender los principales servicios sociales como la salud, la educación y la asistencia social de que son objetos principalmente los sectores de menores ingresos en el país.

A pesar del interés mostrado por las actuales autoridades ante la delegación del FMI que arribó al país hace algunas semanas, para discutir con funcionarios y técnicos dominicanos lo referente a la realización de un acuerdo con el FMI, los representantes del organismo recurrieron a un endurecimiento de las concepciones sobre los modelos de políticas públicas basados en la administración rígida del Estado.

Tomando en consideración el equilibrio de los ingresos y de los gastos por partida doble, sin tomar en cuenta las consecuencias que acarrearía dejar al descubierto a amplios sectores sociales, el FMI ha exigido como parte del acuerdo, que para la confección del próximo Presupuesto y Ley de Gastos Públicos, se asuma un balance «cero» en el manejo fiscal del gobierno central no monetario.

Debido a las consabidas dificultades con que se hallaron las actuales autoridades y a pesar de las muestras de confianza que al principio han extendido amplios sectores al gobierno del presidente Leonel Fernández, los miembros de la misión consideraron imprescindible que el gobierno cumpla con los requisitos para la cobertura de la deuda externa e interna.

Los técnicos dominicanos y funcionarios del Secretariado Técnico de la Presidencia, del Banco Central, de la Secretaría de Finanzas y los asesores económicos del Poder Ejecutivo, plantearon la necesidad de un desmonte gradual, pero manejable, del déficit fiscal previsto para el próximo 2005.

En la confección de la programación de los ingresos y gastos para el año que viene, en que también participan la Oficina Nacional de Presupuesto (Onapres) y la Dirección General de Impuestos Internos (DGII), se tiene prevista una meta de sostenimiento de la estabilidad macroeconómica, tal como fue formulada ante el FMI.

Esta meta implicaría manejarse con un déficit en los ingresos cuya brecha ascendería a unos RD$6,000 a RD$7,000 millones, igual a un 0.5% o un 0.7% del PBI al terminar el año fiscal señalado.

De acuerdo a lo señalado por una fuente gubernamental relacionada con la confección del nuevo presupuesto, esto implicaría la búsqueda por parte de las autoridades monetarias, de un financiamiento gemelo por US$200 millones con agencias internacionales que ya adelantaron su intención con fines de cerrar la brecha que resultare del ejercicio del 2005.

No obstante esta propuesta que en forma perlinar logró mucho apoyo en el seno del FMI, las autoridades económicas dominicanas dejaron entreabierta en su carta de intenciones, la posibilidad de emprender una nueva reforma hacia mediados del año que viene.

Esto podría ser considerado un elemento de salvaguarda adicional que permitiría al gobierno cubrirse un posible déficit mayor al esperado.