Los síndicos de los tres municipios más grandes de la provincia Santo Domingo expusieron ayer las necesidades de sus jurisdicciones y los recursos financieros que necesitan para satisfacerlas.

Los síndicos están cada vez más llamados a intervenir no sólo en la recogida de basura, construcción de calles, escuelas, limpieza de cañadas, sino también en las acciones género y en la educación.

Sin embargo, estos funcionarios municipales dicen que no tienen los fondos necesarios, ni siquiera, para aplicar los últimos dos aumentos se sueldos dispuestos por el gobierno central.

Éstas son las conclusiones a que llegaron los síndicos Francisco Peña, de Santo Domingo Oeste; Jesús Féliz de Santo Domingo Norte, y Juan de los Santos, de Santo Domingo Este, invitados ayer al Almuerzo del Grupo de Comunicaciones Corripio.

Peña, quien aborda los problemas de la municipalidad de una manera muy peculiar, afirma que los síndicos también tienen el dilema de la Ley 176-07, del Distrito Nacional y los Municipios, cuya implementación fue como afilar cuchillo para su garganta.

Así se expresa de la legislación que rige a los cabildos y de la que critica que les quitara la autonomía municipal, a la vez que les traspasó una serie de nuevas competencias, sin destinarles mayores recursos económicos.

Peña indicó que para cumplir con las obras más prioritarias de la comunidad ameritan los residentes de su municipio requeriría de unos RD$4,000 millones. Pero tiene el inconveniente de que el 50% de sus recursos se invierte en labores de limpieza. Se quejó de que el gobierno del presidente Leonel Fernández apenas les entregue presupuesto en base a un 6% de las recaudaciones internas y que en lugar de aumentarlos al 10%, los redujera del 8% que les correspondía.

Jesús Féliz

El ejecutivo municipal de Santo Domingo Norte y vicepresidente de la Federación Dominicana de Municipios (Fedomu), señaló que para resolver las necesidades de la gente de la zona, tendría que recibir el presupuesto del gobierno central de este año.

Cuantificó que deben hacer unos 300 kilómetros de calles, cada uno por un valor de RD$12 millones, sin incluir las necesidades de los barrios de servicios de energía eléctrica; agua potable, drenaje sanitario y la solución en 42 cañadas. Respecto a la Ley 176-07, Féliz defiende su espíritu, empero, planteó que le falta el reglamento que garantice que los ejecutivos municipales las cumplan estrictamente. Sostuvo que la 176 es una ley sabia y democrática, aunque insistió en que no tiene el reglamento que regule lo relativo a la participación de la ciudadanía en los asuntos locales, el plebiscito y el presupuesto participativo. Asimismo, cree que esta ley debería indicar que los ayuntamientos cobren los impuestos de vocación municipal, como el de la placa y la vivienda suntuaria.

Juan de los Santos

El ejecutivo municipal del territorio más grande de la provincia Santo Domingo considera que la gente se ha vuelto más exigente de los servicios de los ayuntamientos, por sus buenas ejecutorias. Expresa que los síndicos tienen que ver con la seguridad ciudadana, la salud, la electricidad, los servicios de drenaje y agua, producto de sus buenas acciones. De los Santos dice que los recursos nunca serán suficientes y que las obras requerirían unos RD$6,000 millones.

Antecedentes

Promulgación de Ley 176-07

En el año 2007

El síndico Juan de los Santos expresó que esta legislación ha significado un gran avance y que en el caso de Santo Domingo Este, cuentan con el contralor que dispone este marco que fiscalice todas sus operaciones. Este funcionario, aclaró, fue electo por la Sala Capitular sin la participación de la administración. En tanto, el secretario general de Santo Domingo Oeste, el abogado Plutarco Jáquez, recordó que en el 2007 fueron los primeros que incoaron un recurso de inconstitucionalidad contra la ley por asignar nuevas competencias a los ayuntamientos sin decir de dónde van a sacar el dinero para el servicios. Expresó que están en desacuerdo con la forma como la ley establece los porcentajes. El recurso descansa en la Suprema Corte de Justicia.