En el curso de la semana recibimos un correo electrónico con el atrayente título “Ojalá esta ley fuera para la República Dominicana” en el cual se detallan a grandes rasgos una Ley de Reforma del Congreso de 2011 de la Constitución de España, en lo concerniente a los diputados, que en nuestro país, como representantes del segundo poder del Estado, tienen una amplia autonomía para ejecutar proyectos negativos para las regiones que representan, cuando el o los anteproyectos de leyes provienen del Poder Ejecutivo, quien además de Jefe del Estado es el presidente del partido en el poder y que ellos representan en la Cámara Baja.

   Según la síntesis recibida, el diputado será asalariado durante su mandato, por lo tanto, no podrá gozar de una jubilación proveniente del ejercicio de ese cargo.  En nuestro Congreso, los diputados se auto-asignan partidas de dinero con el pretexto de hacer obras con fines sociales en las demarcaciones que representan.  El problema es que ellos no fueron electos para hacer este tipo de actividades, sino para la defensa de la provincia o distrito para el cual fue elegido.

   Hasta ahora, nuestros diputados no cotizan en la Seguridad Social por tener un seguro privilegiado.  En el resumen que recibimos, el fondo de jubilación del Congreso pasará al régimen vigente de la Seguridad Social,  lo cual lo equipararía con los todos los demás ciudadanos,  también  incluye, que el diputado debe pagar su plan de jubilación como todos los dominicanos.

   Una parte importante de este anteproyecto es que el diputado no podrá votar el aumento de su propio salario tal y como ocurre actualmente, en donde un diputado, a veces un politicastro con pocas luces y menor discernimiento, se arroga la facultad de aumentar su salario, las dietas y los gastos de bienestar social, al cual denominan “barrilito”.  Esto ha llevado los niveles salariales tan elevados, que hay congresistas que ganan el doble de salario del Presidente de la República, un absurdo que sólo acontece en nuestro país.

   Para evitar privilegios irritantes, el diputado, en el texto examinado, tendrá que cumplir las leyes como el resto de los dominicanos.  Esto significa, que no podrán prevalecerse de escoltas y demás prerrogativas que no emanen del fiel cumplimiento cabal de las leyes, reglamentos, decretos y ordenanzas municipales.

   Por último, y lo más perentorio de esta aspiración, es la afirmación de que “servir en el Congreso es un honor, no una carrera”.  Por lo tanto, los diputados deben cumplir sus mandatos con un máximo de dos legislaturas, después deben irse a casa y buscar un empleo.

   Este anteproyecto es una respuesta a los elevados costos que representan en un Congreso: el Senado y la Cámara de Diputados.  Entendemos, que un país tan pequeño como el nuestro, el Senado está demás, ya que si el Congreso fuese unicameral, no debería conocerse una legislación dos veces, lo cual es un contrasentido y una duplicidad de funciones innecesaria y sumamente costosa.  De igual modo, el número de diputados por provincia debería ser reducido y nuestra Cámara de Diputados no tener más de 120 legisladores.  Con esto se evitaría el clientelismo y las aspiraciones de muchos ciudadanos cuyos méritos han sido vocear en una caravana y acompañar a tal o cual candidato triunfante en sus aspiraciones, sin tener una evaluación de sus dotes y conocimientos para desempeñar con donaire y responsabilidad el curul al cual aspira.