GUILLERMO CARAM 
La eliminación de elecciones municipales separadas que se está argumentando no es más que un pretexto falaz para adornar la reforma constitucional rehabilitante de Danilo Medina en 2024, luego que abortara su pretensión de reformarla para repostularse 2020.
Lejos de ser un “invento” como propulsores quieren presentarla, la separación eleccionaria es un recurso tradicional para autonomía municipal, consustancial a nuestro origen como nación. Propuesto por Duarte como poder en su borrador de constitución, el art.159 de nuestra primera constitución (1844) reza: “Habrá un Ayuntamiento en cada común…que será electo…por asambleas primarias” integradas por sufragantes que se reunirán anualmente. Para Duarte primero, y Bonó después, era inconcebible autonomía municipal encabezada arrastrada por autoridades nacionales.
En nuestra historia reciente, después de 1968 se celebraron en 1998 y 2002 luego del Pacto por la Democracia suscrito en 1994 por PRSC, PLD y PRD; así consagradas para, evitando arrastre, fomentar liderazgo local y fortalecer autonomía municipal.
Por eso extraña que “munícipes” pidan reunificar elecciones mientras otros, que piden eliminar arrastre congresional de diputados a senadores, plantean que se restablezca arrastre municipal por presidencial.
La separación tampoco es una “dominicanada”. En casi todos los países existen elecciones municipales separadas de nacionales. En otros hasta separan congresionales. Bastaría repasar periódicamente noticias frecuentes de elecciones separadas o parciales escenificadas en otras naciones.
Otro argumento utilizado por “reunificacionistas” es corregir incongruencias derivadas de Constitución 2010, habiendo tenido oportunidad de corregirlas en la modificación del 2015 y no lo hicieron. Nunca antes habían formulado propuestas formales para implementar correcciones.
El argumento más socorrido para unificar elecciones es el costo. Ni en 1968, 1998 y 2002 se había producido escarceo por esta razón. Habría que preguntarse si el elevado costo, hasta donde sea real, es producto de la creciente ineficiencia del Estado dominicano y de la cultura expansiva del gasto, dispendioso, sembrado por el presente gobierno que se está duplicando desde 2012: 80% al 2018. Acotamos que los desembolsos a JCE apenas crecieron 20%, cuatro veces menos.
También se argumenta que JCE absorbe más recursos que varios ministerios sin ponderar resultados alcanzados por los 23 que tenemos, cuando en la otrora imperial España hay 17.
Si el gobierno considera elevado el presupuesto sometido por JCE tiene mecanismos para ajustarlos, debiéndose precisar el prorrateo anual de gastos en equipos y programas hasta agotar su obsolescencia.
Pero para exigir ajustes, debe tener autoridad moral, dar ejemplo. Aplicarse lo exigible. Evitando gastos excesivos y sobrecostos frecuentemente conducentes a corrupción.
Si no lo hace, los argumentos de encarecimiento de las elecciones separadas para unificar elecciones quedarán desnudados por el verdadero propósito: pretextos falaces para encubrir la rehabilitación electoral de Danilo Medina.
