San Juan. EFE.  La presidenta del Colegio de Trabajadores Sociales de Puerto Rico (CTSPR), Gloria Rivera Centeno, afirmó ayer que los 30.000 despidos de empleados públicos en el país caribeño, provocará una crisis social y la reducción de la calidad de servicios básicos.

“Lejos de resolver un problema el Estado, está creando una crisis mayor”, enfatizó Rivera Centeno en una conferencia de prensa junto a la Junta Directiva del CTSPR, donde analizaron el impacto contra la ciudadanía de las medidas fiscales del Gobierno y la implantación de la Ley 7 ((Ley Especial sobre emergencia fiscal).

El gobernador de la isla, Luis Fortuño, ha explicado que dicha Ley contempla el ahorro de 2.000 millones, lo que obliga a una reducción de gastos que implica disminuir todavía más la nómina de funcionarios.

Sin embargo, desde su función como Ejecutivo de la isla, Fortuño ha despedido a casi 25.000 trabajadores, incluyendo los 7.816 empleados públicos en mayo pasado y los 16.970 que despidió hace varias semanas.  El Departamento de Educación será el más afectado por la medida con 7.249 despidos.