En estos días los medios de comunicación han tenido que ocuparse de la situación provocada en el municipio de Sánchez por corrimientos de tierra que han destruido varias viviendas y otras están amenazan a otras.

También ha habido que dedicar espacio en los informativos a fallas y hundimientos ocurridos en Santiago, con resultados similares a los de Sánchez.

Hace relativamente poco, el punto de atención fue la carretera Luperón, que enlaza Santiago y Puerto Plata, donde tramos de la vía se derrumbaron.

Hasta donde se sabe, estos corrimientos son manifestaciones naturales de los suelos que, aunque no deben provocar pánico, reclaman de atención de parte de las autoridades con la finalidad de evitar tragedias humanas.

La ocurrencia, sin embargo, la traemos a colación para llamar a las autoridades a actualizar sus inventarios de zonas de peligro que han sido tomadas como hábitat por decenas de familias en diversos puntos del territorio nacional.

No se trata solamente de estos hundimientos que nos han estado ocupando últimamente y que, naturalmente, mantienen asustadas a numerosas familias.

Hay otras razonas por las cuales deberían ser revisados los registros de zonas de peligro en las cuales hay asentamientos humanos.

–II–

Siempre hemos llamado la atención sobre el hecho de que ciertos asentamientos a orillas de ríos y cañadas o en laderas de montañas constituyen un desafío a la muerte.

Contrario a lo ocurrido en Jimaní, donde la devastadora riada que barrió todo un barrio fue una verdadera sorpresa, algo impredecible, hay lugares en que cualquier aguacero pone en riesgo a sus habitantes.

Las autoridades conocen muy bien esos lugares, pues los han frecuentado en época de campaña electoral o cuando han querido impresionar con actividades de beneficencia social. En esos sitios viven servidores públicos y dirigentes de partidos, por lo cual los índices de riesgo no pueden ser ignorados ni por las entidades encargadas de mitigar desastres ni por los planificadores.

Lo prudente sería que el Estado asuma la responsabilidad de actualizar sus inventarios sobre zonas de riesgo y que, como medida de prevención, se adopten medidas para disminuir los riesgos de eventuales tragedias.

Ahora que se están produciendo hundimientos en Sánchez, con perjuicios materiales para numerosas familias, sería aconsejable una investigación especializada para establecer cuán altos son los riesgos de deslaves de mayores dimensiones que los ocurridos hasta el momento.

No se trata de armar aspavientos ni infundados temores, y mucho menos de que se aprovechen estos casos para obtener capital político. Se trata de prevención elemental, pura y simple.