Como pauta primaria de protección frente a cualquier intento de enjuiciar a quien se acusa de mala práctica o negligencia médica, los expertos recomiendan, además de estar bien entrenado y mantenerse actualizado, seguir los protocolos nacionales e internacionales de atención a las urgencias, emergencias y enfermedades que llegan a los hospitales e instituciones públicas y privadas que atienden enfermos. Sin embargo, sin menospreciar la incuestionable utilidad de seguir las normas, mi enfoque es clásico y, si se quiere, primitivo, comparado con lo que hoy se está produciendo.
Donde hay larga tradición con las demandas, casi siempre aupadas por terceros (abogados, amigos o parientes) los casos son evaluados como “buenos” y “malos” en lenguaje jurídico y como forma de mermar el número de juicios, los consorcios médicos invierten en grandes firmas de abogados para que los defiendan.
La clave para los médicos evitar demandas es demostrar que están realmente interesados en aliviar o resolver la situación de su paciente, que lo vean como ser humano y no como fuente de ganancia monetaria, tratándolo, si fuese necesario, como un verdadero hermano y convenciéndolo de que todo lo que hacen es de buena fe. Nadie somete a la justicia a quien ha tratado de ayudarlo con devoción, porque siempre han existido cosas bien hechas que salen mal y cosas mal hechas que salen bien, pero la regla que más se cumple es que lo que mal comienza, mal acaba y los que comienzan viendo al paciente como mercancía pueden terminar en los tribunales o presos. El afán de lucro es mal consejero y la iatrogenia o daño por impericia es habitualmente una de sus consecuencias.