El empresario Manuel García Arévalo, directivo de la Asociación de Industrias de Bebidas Gaseosas (ASIBEGAS), se opone a la aprobación de nuevas empresas amparadas en la ley 28-01 o a que a   las establecidas se les autorice a incursionar en nuevos rubros industriales.

La posición de García Arévalo se suma a las  sustentadas por la Asociación de Industrias de la República Dominicana (AIRD) y por la Organización Nacional de Empresas Comerciales (ONEC). Estas entidades considean que la ley referida afecta de manera significativa la estabilidad de muchas empresas que operan desde hace años en varias zonas.

En opinión de García Arévalo, la mayor contribución social que puede hacer una empresa al desarrollo de la nación, incluso en la zona fronteriza, es cumplir con sus obligaciones fiscales. 

En tal sentido, censuró que esa legislación  exonera de todo tipo de impuestos o cargos tributarios a las empresas amparadas por ella, a pesar de que las mismas s venden sus productos sin ningún requerimiento en todo el  territorio nacional. “Por consiguiente, constituye una práctica discriminatoria y desleal que representa una monstruosa amenaza comercial para las demás industrias que sí cumplen con el pago de los impuestos establecidos”. 

Consideró que esas concesiones fiscales, otorgadas de manea unilateral, implican falta de equidad competitiva  en detrimento de los recursos del Estado y de la estabilidad de los demás sectores productivos, y afecta la seguridad laboral de miles de trabajadores y el bienestar de sus familiares. 

Para el directivo de ASIBEGAS, “el régimen de libre comercio o paraíso fiscal que en la práctica opera a través de la ley 28-01,  quebranta los principios igualitarios que establece nuestra nueva Constitución y representa una inequidad para el régimen de libertad de empresa, distorsionando las reglas de la oferta y la demanda”.

Su declaración es a propósito de las aspiraciones de  sectores que la aprobación por el  Consejo de Desarrollo Fronterizo de  una resolución que autorizaría  a una empresa de inversión extranjera que  opera en el país a  producir y a comercializar bebidas refrescantes libres de impuestos.

Inversión pública

García Arévalo  dijo  que está consciente de las profundas desigualdades sociales y de desarrollo económico  que afectan a las provincias  fronterizas, pero entiende que la solución a este problema debe ser   vía la inversión pública en infraestructuras, para lo cual se necesita precisamente del cobro de los impuestos, así como a través del fomento de nuevas actividades agroindustriales o tecnológicas que no destruyan a los sectores productivos que tradicionalmente han contribuido a la generación de empleos a nivel nacional y al sostenimiento del Estado a través del cumplimiento de sus obligaciones fiscales.