POR ODALIS MEJIA
El Servicio Jesuita a Refugiados y Migrantes (SJRM) denunció supuestos planes para despojar de la nacionalidad dominicana a niños de ascendencia haitiana con la anulación de sus actas de nacimiento y del inicio de una posible persecución masiva de inmigrantes haitianos, luego que se diera a conocer la investigación del Departamento Nacional de Investigaciones (DNI) sobre alegadas falsificaciones de documentos de identidad.

Mediante comunicado el SJRM, señala que desde que se dijera que “más de un millón de haitianos ha logrado obtener de manera fraudulenta, con la ayuda de las ONG, iglesias y organizaciones internacionales, actas de nacimiento y cédulas de identidad y electoral”, se pretende soslayar la descomposición  de algunos funcionarios del área de Registro Civil, quienes estaban sumergidos en un mar de corrupción.

Advirtió que esto traería como consecuencia una “cacería” de haitianos en las calles, plazas, lugares públicos, transportes, para ser detenidos y expulsados, bajo el alegato de que toda documentación que tengan ha sido obtenida de manera fraudulenta, abriendo las puertas a violaciones masivas de derechos humanos de las personas migrantes.

Consideró además que el prestigio del DNI está en juego cuando señala que ONG, iglesias y organizaciones internacionales han ayudado a estas personas a obtener de manera fraudulenta actas de nacimiento y cédulas de identidad y electoral.

“Esas informaciones deben ser precisadas y, en caso de ser ciertas, señalar en específico cuáles son esas organizaciones nacionales e internacionales que incursionaron en delitos de fraude de registro civil. Al hacer una declaración tan general, lanza una lluvia de lodo sobre todas las ONG, las iglesias de diversas nominaciones y las organizaciones internacionales que tienen una intervención social en bateyes, lugares descuidados por el Estado dominicano”, expresó.

Deploró que exista una falta de una cultura de institucionalidad, en la que los funcionarios públicos, independientemente de su jerarquía, lo que hace que esos empleados entiendan que su trabajo en una oficina pública puede ser manejado según criterios de beneficio personal y no atendiendo a su rol de hacer que las instituciones del Estado dominicano funcionen.

A esto se suma, agregó, la inexistencia de mecanismos de control sobre estas instancias, y muy particularmente de la misma Junta Central Electoral, al sostener que el millón de personas migrantes, cifra de la que dudan plenamente, haya obtenido documentos de identificación en lapsos cortos de tiempo, por el contrario, eso indica que las mafias instaladas en esos recintos públicos llevaban tiempo funcionando.

Apuntó que existe una ausencia de mecanismos de regularización de personas migrantes en situación ilegal, y los existentes son excesivamente lentos, complicados y de altos costos, obliga a que se utilicen los mecanismos informales para la obtención de documentos de registro e identidad.

Criticó que el canciller de la República Dominicana, Carlos Morales Troncoso, asegure que la cantidad de migrantes nacionales de Haití supere el millón de personas, pero nunca pueda mostrar cifras reales que no sean a base de suposiciones o estimaciones, sin tener una referencia censal, que parta de una metodología científicamente válida.

Mostró su temor que en la cifra del millón de migrantes haitianos, se esté contabilizando a los niños dominicanos de ascendencia haitiana porque de ser así se estaría incurriendo en una flagrante violación de denegación del derecho a un nombre y a una nacionalidad a estos infantes, aparte de constituir un escándalo internacional, que este país desconozca a sus propios nacionales.

También demandó que los funcionarios del Estado dominicano puedan resolver el serio problema de corrupción existente en algunas oficialías, y que se avance en los procesos de mayor institucionalización de los procedimientos administrativos públicos, así como de su supervisión y control.

Confió en que esta situación estimule a que se elabore una política nacional de administración de los flujos migratorios y a establecerse un plan nacional de regularización para los migrantes que tienen décadas residiendo en este país.

Por último, señaló que las ineficiencias del estado dominicano no pueden recaer sobre personas que no son funcionarios públicos y nada tienen que ver en su administración.

El comunicado del SJRM lo firman los sacerdotes José Núñez, director nacional, Regino Martínez, director oficina de Dajabón y Mario Serrano Marte, de la  oficina Santo Domingo.