El debate en el país sobre la conveniencia de que el método en los partidos para escoger a sus dirigentes sea mediante primarias abiertas o cerradas ha acaparado la atención pública, relegando la discusión en torno a otros temas relevantes como la ley de partidos y una nueva legislación electoral, mientras la incertidumbre sobre este punto se centraen la ausencia de una legislación clara y contundente que norme la vida interna de las organizaciones políticas.
Independientemente de consideraciones legales hechas por juristas y las opiniones propiamente interesadas y también controversiales provenientes de grupos y tendencias intrapartidarias, desde una óptica ajena a la militancia fanática, ciudadanos de la llamada masa silente ven en esto una lucha entre quienes buscan perpetuar una especie de dictadura o encerrona partidaria y aquellos que abogan por una apertura o democratización para escoger y renovar las estructuras dirigenciales y los candidatos a cargos electivos.
Quienes así piensan se remiten a las negativas experiencias representadas por el inveterado sistema que sólo con algunas variantes se ha aplicado durante décadas en la mayoría de los partidos y que, más que procesos democráticos, han sido mecanismos para imponer dirigentes y candidatos que en muchos casos carecen de méritos propios, pero que cuentan con recursos económicos y el favor de sectores influyentes dentro de los partidos.
De ahí que se inclinen por la modalidad de primarias abiertas, simultáneas y obligatorias, en lugar de las cerradas que se han venido realizando de manera selectiva o no siempre diáfana porque no han tenido como base si siquiera padrones depurados y confiables de militantes debidamente inscritos y organizados.
En ese sentido coinciden con los planteamientos de algunos juristas que consideran bueno que la definición de candidaturas no dependa solo de los afiliados a un partido o de las estructuras clientelistas, para que de este modo haya una mayor representatividad de la colectividad electoral.
Sin embargo, hacen una observación relevante en cuanto a la necesidad de garantizar transparencia en los procesos de primarias abiertas contando con la asistencia de un órgano electoral que las organice con el padrón oficial, sobre todo teniendo en cuenta la debilidad organizativa que arrastran los partidos, a pesar de los avances logrados en otros aspectos.
Asimismo, cuestionan las argumentaciones y el sentimiento que subyace en favor de las primarias cerradas y en contra de las abiertas, como se advierte en la posición externada públicamente por el expresidente Leonel Fernández, quien sostiene que la imposición a los partidos políticos de un sistema de elecciones con primarias abiertas y de manera simultánea es inconstitucional y que sería un atropello institucional.
Esta posición puso de manifiesto más claramente las contradicciones que sobre este tema existen a lo interno de la cúpula dirigencial del Partido de la Liberación Dominicana (PLD), ya que el secretario general de esa organización, Reinaldo Pared Pérez, dijo que tiene una posición contraria a la del exgobernante y para defender su punto de vista y no pedir excusas por su criterio particular, afirmó a seguidas que “cada quien tiene su derecho, en democracia, a fijar su posición”.
La discusión ha concitado tal grado de atención que el martes 12 de diciembre se realizará un panel de expertos sobre el contexto legal, constitucional y político de las primarias abiertas y cerradas, con vista al proceso de consenso sobre la proyectada reforma electoral.
Como es obvio, la finalidad es contribuir a clarificar un tema que se ha tornado conflictivo y enmarañado en que se entremezclan aspectos jurídicos con marcadas diferencias en el plano político, por lo que amerita una profunda reflexión de parte de la clase partidaria, tomando en cuenta que la perdurabilidad de las agrupaciones dependerá en medida de que se elimine el autoritarismo y el mal llamado centralismo democrático.