TIRSO MEJÍA-RICART
Luego de cerca de tres años de elaboración, debates e intentos frustrados fue aprobada y promulgada una ley de elecciones primarias simultáneas y universales al término del recién pasado período constitucional 2000-2004.

Frente al deterioro crecientes de la gobernabilidad democrática de los grandes partidos dominicanos, que ya dejaron atrás junto al siglo XX la sombra protectora de sus viejos caudillos, se impone esta nueva normativa que permite a todos los ciudadanos participar en la selección de los candidatos del partido de su simpatía, al abrigo de la todos los calibres, que se presta al reciclaje de malos gobiernos por la vía del voto-castigo de electores que tienen posibilidades de una elección positiva.

Pero como era de esperarse, el pensamiento conservador prevaleciente en parte de las élites del país y el temor a que se afecten intereses creados tal como sucede con todo intento de reforma institucional, no se hizo esperar, haciendo escuchar sus voces y esgrimiendo razones que pecan de ingenuidad, cuando no de desinformación.

Es falso que la Ley de Primarias fuera aprobada «al vapor», o que fue un «palo acechao» como argumentan algunos. Esta pieza fue ampliamente discutida en todo el año 2002, y luego fue sometido como anteproyecto de ley al Poder Ejecutivo. En el 2003 fue remitido ya como proyecto de ley al Senado de la República, el cual, después de conocer sus méritos lo dejó «sobre la mesa», porque ya para entonces el PRSC había hecho las primarias, aunque resultaron un fracaso en la práctica, pero estas generaron intereses en torno al candidato ganador, por lo cual este se dejó para mejor momento.

En el 2004 el proyecto se reintrodujo en dos ocasiones, fue a vistas públicas y contó con el apoyo militante de los legisladores de todos los partidos. Tanto el Conare como la comisión especial del Senado solicitaron consultas con la Junta Central Electoral sin obtener respuestas, excepto hace poco una audiencia casi privada y solo con la Dirección de Elecciones de ese organismo con algunos delegados, sin jueces ni prensa. Es una pena que no se prestará a este vital asunto toda la atención que merece.

No es cierto que éste es como se afirma, un problema del PRD ni del PRSC, por la pérdida de representatividad de esos partidos políticos; ni siquiera es exclusivo de este país. Esto ha sido el objeto de grandes preocupaciones de parte pensadores, organismos y conferencias internacionales, como las que se celebraron recientemente en Costa Rica y Brasil, con los auspicios del Parlamento Latinoamericano, la OEA, el BID y el PNUD, entre otros, donde sus recomendaciones más comunes fueron precisamente la elección mediante primarias fiscalizadas por los organismos electorales, no solo para los candidatos a puestos electivos, sino para los propios dirigentes superiores de los partidos, que son víctimas del patrimonialismo burocrático; y a ello no ha sido ajeno en el pasado, ni lo sería en el futuro el propio PLD, no obstante tener ese partido mayor disciplina interna.

A ese respecto, la declaración del encuentro internacional de San Paulo del 16 de julio del presente año sobre «Democracia, Gobernabilidad y Partidos Políticos en América Latina», dice textualmente lo siguiente: «Las primarias universales u obligatorias para todos los partidos podrían ser positivas en la medida en que articulan la participación de la ciudadanía, democratizan internamente a los partidos, evitan la intromisión de un partido  o grupos en las primarias de otro, garantizan la escogencia democrática de los candidatos y de los dirigentes de los partidos».

Es totalmente falso que esta ley pueda ser tachada de inconstitucional. Nuestra ley sustantiva lo único que consigna es: «la libertad de asociación y de reunión sin armas con fines políticos, económicos, sociales, culturales o de otra índole», y esta ley no la afecta en lo absoluto, como tampoco a la estructura de los partidos como se ha llegado a afirmar. Eso es sencillamente ridículo. Lo que pasa es que aquí hay políticos que son buenos abogados y abogados que son «buenos» políticos algunos disfrazados de «imparciales y serios», quienes pretenden confundir la gimnasia con la magnesia.