TIRSO MEJÍA RICART
Los partidos políticos son corporaciones para el ejercicio del poder público y como tales debe considerárseles, y no entidades privadas pura y simplemente. Su democratización es vital para que no naufrague todo el sistema político, tal como reconocen los propios detractores de la Ley de Primarias.

No tiene complicación alguna el que se hagan las primarias simultáneas en todos los partidos, si no todo lo contrario, porque así éstas se harán en el mismo sitio y con el mismo padrón, como en las elecciones nacionales, acabando así con el tráfico de listas y demás maniobras «non santas» que caracterizan las elecciones primarias internas de este país y en otras latitudes.

La propuesta de ley originada en el CONARE solo incluía las candidaturas para Presidente de la República, Senadores y Síndicos Municipales, porque estos son cargos de elección uninominal, en tanto que los diputados y regidores son plurinominales, para los que la ciudadanía ya puede seleccionar sus candidatos preferidos dentro de su partido, gracias al Voto Preferencial. La inclusión en la ley de éstos complica las cosas y encarece dicho proceso sin mayor necesidad. La JCE podría posponer su aplicación par esos cargos para el año 2010, tal como se hizo con el voto de los dominicanos en el exterior, que se dejó del 2000 al 2004, a reserva de excluirlos por ley para entonces, si procede.

Por lo demás, los únicos costos que se incrementarían en este caso son los operativos del mismo día de las primarias, y se usaría el padrón universal tal como esté, el día señalado para dichas elecciones. Los otros gastos deben correr por cuenta de los partidos, de sus ingresos normales en los años preelectorales y electorales.

De esa manera lo único nuevo para el 2006 serían las elecciones primarias para senadores y síndicos organizados por la JCE.

En cuanto a la similitud o diferencia que se alega de esta pieza, con la supuesta «ley de Lemas» que señala algún analista interesado, la verdad es que a éste no le luce decirlo, por que él sabe perfectamente por su indudable cultura política, que lo que se discutió en el Congreso no fue esa modalidad de voto preferencial que ha estado vigente en Uruguay, Argentina y Honduras, sino otra, que preservaba la mayoría del 50% con el voto directo en las dos vueltas, que es mucho más democrática y representativa que la llamada Ley de Lemas que fue satanizada en su momento injustamente aunque reconocemos que llegó al Congreso quizás muy tarde.

Finalmente plantear que las leyes no influyen sobre la cultura y la conducta política, sería como renunciar a tener una constitución política y otras normativas y que volvamos a la plena vigencia de la Ley de la Selva, para organizar las sociedades humanas, aunque por supuesto que no se puede pretender resolverlo todo con una ley o un decreto.

En esencia, oponerse a ese paso trascendente hacia la democracia participativa o «Democracia de los Ciudadanos» de la que nos habla el conocido informe sobre la Democracia en América Latina del PNUD, como es permitir que todos los electores seleccionen libremente y en forma simultánea a los candidatos del partido de sus simpatías, equivale a negarle futuro al sistema de partidos democráticos en nuestra región y en la República Dominicana en particular, porque como se ha señalado, «la política es una base demasiado seria para dejársela solo a los políticos».

Por lo demás, estoy a la espera del evento que ha anunciado Participación Ciudadana para el próximo 10 de octubre, a fin de discutir los aspectos prácticos de esta ley y otros temas electorales aun pendientes, para la mejor organización de los futuros comicios de medio término y del 2008.