Hoy 
POR TANIA HIDALGO
El manejo de importantes expedientes bajo un nuevo Código Procesal Penal, así como los enfrentamientos con funcionarios, abogados de imputados y altos oficiales activos y retirados, matizaron el primer año de gestión del fiscal del Distrito Nacional, José Manuel Hernández Peguero.
A un mes de asumir su cargo, entró en vigencia la nueva legislación con la cual se procesarían expedientes que marcarían el sistema judicial del país, tales como el caso del ex capitán Quirino Ernesto Paulino Castillo, el del ex jefe policial, general retirado Jaime Marte Martínez y otros 57 oficiales activos y retirados, así como el de la ex directora del Departamento de Educación inicial de la Secretaría de Educación, Natali Cabrera.
Hernández Peguero, como jefe de la investigación, en virtud del nuevo Código Procesal Penal, coordinó junto a fiscales adjuntos y la Dirección Nacional de Control de Drogas (DNCD) el decomiso, el 18 de diciembre pasado, de 1,387 kilos de cocaína, y el apresamiento de Paulino Castillo, presunto propietario de la drgoga, su esposa Belkis Elizabeth Ubrí Medrano, así como del teniente coronel Lidio Arturo Nin Terrero y el chofer Tirso Cuevas Nin. Posteriormente, fue apresado del agente de cambio Eleuterio Guante.
Paulino Castillo fue extraditado a Estados Unidos, luego de que las autoridades de allí lo requirieran por su presunta implicación en el narcotráfico internacional.
Como parte del proceso, fueron incautadas, previa autorización de un juez, propiedades y dinero en efectivo por sumas millonarias.
Otro hecho que ha marcado la gestión de Hernández Peguero fue la revocación en abril pasado de la citación hecha al ex presidente Hipólito Mejía para ser interrogado en relación al ex capitán Paulino Castillo.
La medida fue tomada luego de Hernández Peguero sostener un encuentro en el Palacio Nacional con el Presidente Leonel Fernández. En principio el representante del Ministerio Público negó que el mandatario le pidiera revocar la citación. Sin embargo, semanas después Fernández dijo en Estados Unidos que ordenó la revocación de la citación porque no lo habían consultado previamente.
En tanto, en junio pasado, la jueza del Quinto Juzgado de la Instrucción del Distrito Nacional, Natividad Ramona de los Santos, dispuso el envío a juicio de fondo de cinco de los 59 oficiales sometidos a la justicia por la fiscalía, implicados en el usufructo de vehículos.
El otro grupo fue descargado, aunque el ministerio publico apeló la decisión en relación a algunos de los imputados, por lo que el expediente se encuentra en la Corte de Apelación.
El fiscal tuvo bajo su responsabilidad la investigación del caso, tras recibir un informe remitido por una comisión especial integrada, entre otros, por el secretario de Interior y Policía, Franklín Almeyda.
Marte Martínez calificó el expediente como un «tollo» con el cual se pretendía hacerle daño.
En tanto, a finales de julio pasado fue enviada también a juicio de fondo la ex funcionaria Natali Cabrera, acusada de sustraer equipos y materiales pertenecientes a la secretaría de Educación.
ENFRENTAMIENTOS
En octubre del año pasado, el fiscal y el Director general de Aduanas, Miguel Cocco, sostuvieron un primer enfrentamiento por el caso de la supuesta evasión de impuestos por parte de Plaza Lama.
El fiscal ordenó sacar del interior de la compañía a auditores del organismo recaudador que investigaban los artículos introducidos al país sin pagar impuestos.
Esto motivó que Cocco, pidiera a Hernández Peguero, a través de una instancia, inhibirse del caso, al tiempo de advertirle que la persecusión de los delitos de Aduanas corresponden exclusivamente, al director del organismo recaudador y a los oficiales públicos que éste inviste de autoridad de acuerdo con los artículos 5, 6, 172 y 176 de la ley 3489 sobre Régimen Legal de Aduanas.
Sin embargo, el representante del Ministerio Público en el Distrito Nacional alegaba que sí tenía competencia para detener la intervención.
Plaza Lama era representada por el ex procurador general de la República, Abel Rodríguez del Orbe, quien salió en defensa del fiscal, al señalar que las leyes en que Aduanas se fundamentaba fueron derogadas por el nuevo Código Procesal Penal.
Dos meses después, ambos funcionarios anunciaban a la prensa la firma de un convenio para actuar de manera conjunta en la persecusión del delito fiscal y el contrabando, con lo que se suponía las relaciones habían mejorando.
Empero, en abril pasado el fiscal fue sorprendido con unas declaraciones del director de Aduanas en la que éste confirmaba que Hernández Peguero tenía asignado una yipeta Cadillac 2002 que había sido robado en Estados Unidos.
La información molestó al fiscal, quien señaló que se enteró de que el vehículo era robado por la prensa, al tiempo de considerar que esa revelación se hizo con una presunta intención de indentifcarlo con la «actuación delictiva» de los 59 oficiales de la Policía que son procesados por el uso de autos hurtados.
A raíz de esto se procedió a la devolución del vehículo.
De igual manera, Hernández Peguero y el presidente la Cámara de Cuentas, Máximo Castillo, mantienen un constanmente enfrentamiento por las auditorías practicadas por el organismo.
El fiscal se quejó de que Castillo había informado que la Cámara de Cuentas tenía los informes de 110 auditorías, pero que sin embargo no se los remitía para actuar en consecuencia.
De igual manera, expresó su repudio a unas declaraciones emitidas por Castillo en diciembre pasado en el sentido de que enviaría los informes a la ficalía, luego de concluidas las navidades, para no afectar las festividades de los posibles implicados.
En tanto, Castillo acusa al fiscal de llevar a cabo una campaña de descrédito contra ese organismo con el objetivo de que la población desconfíe de los resultados de las auditorías que se practican a entidades de la actual gestión.
Recientemente, el fiscal reiteró su indignación ante el incumplimiento del organismo en mandar las auditorías que involucran a ex funcionarios del gobierno pasado todos los jueves como había señalado publicamente.
En este primer año de gestión de Hernández Peguero, la Cámara de Cuentas sólo ha enviado tres auditorías, la del aeropuerto La Isabela, la de la empresa energética Ede-Este y la de una fundación del Sur, las cual están bajo investigación por parte de las autoridades del Ministerio Público.
Los abogados de Nin Terrero y de Paulino Castillo, Félix Damián Olivares, Freddy Castillo y Jaime Caonabo Terrero también han tenido enfrentamientos a nivel de los medios de comunicación con el fiscal por el manejo dado al expediente.
