La primera cuestión a tomar en cuenta al hacer un balance de este primer año de gobierno, es que este ha discurrido en medio de una pandemia de dimensión mundial.

Esa circunstancia, estaría condicionando o limitando los alcances de medidas hasta ahora tomadas y/o por tomar por las máximas autoridades y también, el aprovechamiento de ese invaluable sentimiento/demanda de ruptura radical con elementos esenciales de los gobiernos del PLD, que se profundizó durante los procesos eleccionarios de maro y julio del 2020.

Pero, en términos administrativos e institucionales en el manejo de la cosa pública en este primer año, se han producido importantes cambios que marcan diferencias sustanciales entre el presente y el antiguo régimen.

El balance del manejo de la pandemia de parte del actual gobierno ha sido globalmente positivo. Con la estructura administrativa y la cultura de la corrupción del anterior, difícilmente se hubiese podido enfrentar el Covid-19 con éxitos tangibles, el tramo que le tocó enfrentarla lo demostró.

De igual modo, por su práctica del dispendio y del dolo, podría pensarse que ese gobierno hubiese sido incapaz evitar el despilfarro de dinero en diferentes dependencias. Con el ahorro de ese dinero se ha podido combatir y/o paliar los efectos de la pandemia en las áreas sanitaria y en sectores claves de la economía: energía, turismo, etc., y el auxilio a los desempleados por los efectos del flagelo y a cientos de miles de familias pobres.

En plano de la administración de la Justicia, la principal figura del Ministerio Público del presente gobierno goza de una legitimidad prácticamente unánime, mientras que la del pasado régimen está en la cárcel, imputado de graves actos de corrupción cometidos durante su delictuosa gestión. Una incontestable diferencia. Y, a pesar de algunos yerros, la configuración de las llamadas Altas Cortes, en términos de su proceso y de cómo se escogió a sus integrantes, la diferencia es notable con relación con la forma en se integraron en la anterior administración.

Por consiguiente, la afirmación de que todo ha seguido igual en este gobierno es evidentemente inconsistente. Pero, es igualmente inconsistente negar la continuidad de no pocos lastres del anterior régimen.

Esos lastres se mantienen y por ser política y moralmente inaceptables, resulta imperativo enfrentarlos. Entre otros, siguen los privilegios de diversos sectores económicos, su acostumbrada participación decididamente onerosa en grandes proyectos del Estado, los subsidios de combustibles a empresas hiper millonarias, la auto asignación de la casi totalidad de congresistas de millones de pesos para labores clientelistas/envilecedoras, manifestación de nepotismo en algunas dependencias, la continuidad de la cultura de dirigir instituciones del Estado considerándola coto cerrado de su incumbente, por incompetencia, o falta de generosidad.

De igual modo, la preeminencia de poderes fácticos en áreas claves para mantener privilegios o posiciones de grupos económicos (algunos con casos de corrupción por investigar), el solapamiento de competencia de algunas instituciones del Estado, que es otra expresión perversa de la idea de gestión/coto cerrado en algunas dependencias.

La situación de pandemia en que ha discurrido este primer año de Gobierno, podría haber atemperado la subjetividad por el cambio en la población, expresada durante la lucha contra el continuismo peledeísta. Eso, quizás, ha hecho más fuerte la resistencia al cambio.