RAYMUNDO GONZÁLEZ
Esta semana se producirá un acontecimiento significativo para todo el país, que no debe pasar desapercibido por la población dominicana. Es la cita de los responsables de archivos públicos y privados para dar inicio al trazado de normas y procedimientos comunes para el desarrollo de la gestión de los documentos, en cuanto activo de la información y del patrimonio documental de la nación, en el marco de una nueva ley general de archivos cuyo anteproyecto cursa actualmente en el Congreso Nacional.

Precisamente uno de los principales propósitos de esa reunión consiste en conocer y discutir dicho anteproyecto de manera amplia. En efecto, un panel central será dedicado a la presentación de ese anteproyecto de ley y sus implicaciones para la organización y gestión de los archivos del país. Después se harán grupos de trabajo en función de los subsistemas que componen el Sistema Nacional de Archivos contenido en el mismo anteproyecto. Uno de los rasgos que destacan de la concepción del evento es que tal discusión será contextualizada con un conjunto de exposiciones de carácter formativo que, entre otras cuestiones, examinarán el papel de los archivos en los procesos de integración económica y el desarrollo latinoamericano, los sistemas nacionales de archivos en América Latina, la aplicación y desarrollo de las normas internacionales de descripción archivística en República Dominicana, las características de la formación del profesional de los archivos, así como el papel cultural de los archivos en las sociedades modernas. De esta manera se contribuye a que las discusiones en las mesas de trabajo no se vean limitadas a meras cuestiones de procedimientos archivísticos, como aspectos desconectados de su contexto, sino que los participantes puedan ver esos temas, no pocas veces engorrosos, en la perspectiva más amplia de su contribución al desarrollo social y al afianzamiento de un estado de derecho en nuestro país.

Los archivos constituyen un activo clave de la información documental para la producción de la cultura y el conocimiento que apenas estamos aprovechando por la falta de instrumentos que faciliten su consulta y su utilización provechosa. En el caso del Archivo General de la Nación, la incipiente industria cultural de nuestro país se ha beneficiado de los archivos, aunque todavía de manera muy limitada, y ha dependido en mucho de la pericia de sus autores para recabar la información necesaria para sus proyectos; baste señalar dos casos que me vienen a la memoria: las producciones de René Fortunato, o la novela de Vargas Llosa sobre la dictadura de Trujillo, que luego mereció una producción cinematográfica.

Todavía más: hace falta elevar la conciencia sobre el papel de los archivos históricos, la importancia de su conservación para el desarrollo de nuestra identidad y para el conocimiento de nuestro pasado en múltiples aspectos. Asimismo, el valor de los archivos para el monitoreo ciudadano y la transparencia de la gestión pública y, por tanto, para la lucha contra la corrupción.

Más importante para el ciudadano común es saber cómo la buena gestión de los archivos repercute en la protección de sus derechos. Esta es la clave de todo el proceso que dará comienzo con este encuentro de archivos. Los ciudadanos sabemos que los archivos son difíciles, que cuando necesitamos un documento, no tenemos la facilidad de obtenerlo y a veces se dificulta hasta la información sobre dónde debemos acudir para conseguir un plano de una casa, una copia de un acta de nacimiento, un título de propiedad u otro cualquiera. No pocas veces se nos da la mala noticia de que el documento se ha destruido o está en reconstrucción. Eso significa que nuestros derechos no están debidamente protegidos en los archivos tal como funcionan ahora. La creación de un Sistema Nacional de Archivos con procedimientos uniformes de descripción y conservación, con reglas de transferencia claras y conocidas, con una supervisión que vele por el cumplimiento de los mismos, tiene como meta volver más eficiente la gestión de los documentos, hacer efectiva la protección de los derechos ciudadanos, además de ahorrar dinero al erario público y muchos dolores de cabeza a la ciudadanía.

Le cupo a la actual administración que encabeza el presidente Leonel Fernández la iniciativa de desarrollar los archivos del país, comenzando por el Archivo General de la Nación. En general, nuestros dirigentes políticos del período posterior al ajusticiamiento de Trujillo echaron de menos siempre el valor que en la vida pública dominicana tienen los archivos. Y esto equivale poco menos que a la ausencia de una concepción moderna del Estado, pues éste no se concibe al margen de la protección de los derechos ciudadanos que pueden garantizar los archivos bien gestionados y puestos al servicio del Estado y la ciudadanía.

A la cita nacional han sido invitados representantes de instituciones archivísticas de la región e Iberoamérica. Nos visitará con motivo del encuentro el presidente de la Asociación Latinoamericana de Archivos (ALA), el señor Jaime Antunes da Silva; también nos acompañarán delegaciones de los archivos de Puerto Rico y Cuba, además de profesionales de los archivos procedentes de México y España, quienes aportarán al encuentro sus conocimientos y experiencias. La presencia del presidente de ALA, que es filial del Consejo Internacional de Archivos (ICA), será aprovechada para formalizar el ingreso del país a esta organización que reúne a los archivos de Iberoamérica, ya que forman parte de ella España y Portugal, además de los países de habla española y portuguesa del continente americano.

El Primer Encuentro Nacional de Archivos tendrá lugar en Santo Domingo los días 16 a 18 del presente mes en el auditorio Eduardo Latorre de la Cancillería. En su preparación ha trabajado un equipo conformado por la Secretaría Administrativa de la Presidencia, la Secretaría de Estado de Relaciones Exteriores, el Banco Central y el Archivo General de la Nación, de la Secretaría de Estado de Cultura, como institución coordinadora.