La legalización del aborto en Argentina sufrió el primer revés judicial.

La justicia de la provincia de Chaco, a unos 800 kilómetros al norte de Buenos Aires, suspendió el jueves la aplicación en ese distrito de la ley de interrupción voluntaria del embarazo sancionada por el Congreso el 30 de diciembre y en vigencia desde el último domingo.

La medida fue dispuesta por la jueza civil Marta Beatriz Aucar de Trotti, quien hizo lugar a una medida cautelar presentada por seis ciudadanos vinculados a sectores anti-aborto “por ser contraria a la Constitución de la Provincia del Chaco, así como de las restantes normativas legales, constitucionales y de tratados internacionales de aplicación”, según la demanda.

“A la luz del planteo invocado, prima facie, corresponde receptar el pedido invocado y con relación a la ley 27.160 (de interrupción voluntaria del embarazo), ante la restante normativa mencionada y también plenamente vigente, a fin de evitar resultados contradictorios en su aplicación, con afectación a quienes van dirigidas las mismas, hasta tanto recaiga sentencia”, dispuso la jueza Trotti.

El Ministerio de Mujeres, Géneros y Diversidad declinó comentar el fallo. En tanto, activistas a favor del aborto recurrieron a las redes sociales para rechazar la decisión judicial.

La norma contempla la posibilidad de abortar de toda mujer u otras identidades con capacidad de gestar hasta la semana 14 en el sistema de salud en un plazo máximo de diez días desde que lo solicita. Más allá de este periodo está permitido si la gestación fuera producto de una violación, mediante declaración jurada presentada ante el personal de salud, o si estuviera en riesgo la vida o la salud de la persona embarazada.

Argentina, el tercer país más grande de América Latina, se sumó con la legalización del aborto a un listado que incluye a Uruguay, Cuba, Guyana, Guayana Francesa, la Ciudad de México y el estado mexicano de Oaxaca.