El período de ‘Luna de Miel’ que usualmente agotan los gobiernos en los primeros seis meses de un nuevo mandato ha tenido un sabor amargo para el presidente Danilo Medina debido a los escándalos de corrupción que se han destapado de manera escalonada, luego de este asumir una reelección en la que resultó victorioso con el favor de un 62% de los votantes.
La situación ha sido de tal magnitud que ha ameritado que las medidas para enfrentar esos hechos hayan tenido que salir del propio despacho del mandatario, en procura de dar una señal a los actores correspondientes, sobre cómo proceder en cada caso, y de tranquilizar a una población encolerizada por la impunidad.
Caso Odebrecht. En el año 2015 se destapó el escándalo que ha tocado varios países de América Latina, luego de que en Brasil se revelara que la conocida constructora, formaba parte de las investigadas en la macrotrama de corrupción de la petrolera brasileña Petrobras, una ramificación del caso ‘Lava Jato’, que estaba en proceso desde el año 2013.
A mediados de diciembre del pasado año se revelaron documentos judiciales de ese caso que plantean que entre los años 2001 y 2014 Odebrecht pagó US$92 millones a funcionarios del Gobierno e intermediarios que trabajaban en su nombre en la República Dominicana.
Según los detalles publicados, la firma constructora obtuvo beneficios de más de US$163 millones como resultados de esos pagos.
El 11 de enero pasado el consultor jurídico del Poder Ejecutivo anunció el decreto 6-17 mediante el cual el presidente Medina designó una comisión para que investigue el proceso de licitación y adjudicación de la Central Termoeléctrica Punta Catalina, construida por un consorcio al cual pertenecía la firma Odebrecht. Esto a pesar de que esa empresa tenía varias obras en ejecución al momento de surgir el escándalo.
A esto se sumaron declaraciones previas y posteriores en las que el ministro Administrativo de la Presidencia José Ramón Peralta, advirtió que el caso sería llevado hasta las últimas consecuencias, “caiga quien caiga”.
Tras larguísimas jornadas de interrogatorios y un acuerdo secreto que ahora busca autorización judicial, el proceso sigue en investigación sin que aun haya ninguna responsabilidad específica, establecida.
Venta Los Tres Brazos. Casi en paralelo con el escándalo Odebrecht surge la noticia de que la Corporación Dominicana de Empresas Estatales (Corde), que muchos consideraban inexistente, vendió el sector de Los Tres Brazos a una empresa privada por RD$72 millones.
Los moradores dieron el grito de alarma cuando a sus casas se presentaban representantes de la empresa Titulatec a venderles los terrenos, que habían ocupado por décadas, a precio que oscilaban entre los dos mil y cinco mil pesos por metro. Esas mismas tierras la empresa las adquirió a un costo o inversión de entre 40 y 80 pesos.
El 28 de diciembre, en una rueda de Prensa del Palacio Nacional, se anunció el decreto 392-16 mediante el cual el presidente Danilo Medina suspendió toda operación de venta del referido sector y creó una comisión para investigar el procedimiento de venta, encabezada por el consultor jurídico del Poder Ejecutivo, Flavio Darío Espinal.
Dicha comisión determinó irregularidades en la venta y sugirió el envío del expediente por ante el Ministerio Público.
Las recomendaciones fueron acogidas por el mandatario que dispuso la disolución de Corde y Crep; la entrega de títulos a los residentes de Los Tres Brazos tras la declaratoria de nulidad de las ventas y envió la investigación realizada a la Procuraduría General de la República, que está apoderada del expediente.
Muertes ligadas a doble venta CEA. Encaminados estos casos, o al menos estando en las jurisdicciones correspondientes, Medina tuvo que accionar nueva vez el pasado viernes al designar una comisión, también presidida por Espinal, para investigar la transacción inmobiliaria que figura detrás del asesinato de los comunicadores Leo Evangelista Martínez y Luis Manuel Medina, a manos de José Rodríguez, quien se alegadamente se suicidó cuando iba a ser apresado.
Según informes el CEA vendió unos terrenos a Rodríguez y cuando este entregó parte del dinero le informaron que estaban vendidos de manera previa, se intentó una reubicación que no prosperó y luego se le devolvió una parte del dinero que pagó. Martínez y Medina estaban mediando en el conflicto entre Rodríguez y el CEA.