El país, bajo ningún pretexto, debe pagar las consecuencias de la controversia entre las empresas estatales CDEEE y Ede Este y la  generadora privada AES Dominicana, y que se invoca como la causa de largas interrupciones en el suministro de electricidad. A estas alturas,  parece que las partes tienen interpretaciones contradictorias sobre los términos del contrato suscrito en el año 2002 por AES Dominicana y la distribuidora Ede Este, ahora propiedad del Estado. Ambas partes alegan incumplimiento de contrato y, según parece, el asunto deberá pasar por alguna instancia de solución de controversias de este tipo.

La CDEEE acusa a AES  de violación al entregar a Ede Este solo 50 megavatios de los 300 acordados mediante  contrato, lo que causa a  la distribuidora pérdidas anuales de 50 millones de dólares. Y la generadora afirma que la violación la estaría cometiendo la distribuidora, al comprar solamente 50 megavatios, en vez de los 300 que dice el contrato. Hay de por medio una carta que parece ser la clave de las contradicciones.

Pero el interés del país debe estar por encima de estas contradicciones y es inaceptable que por las causas señaladas tengamos un fuerte déficit de electricidad en perjuicio de la economía general  del país. Las partes están obligadas a zanjar satisfactoriamente sus diferencias,  pero tienen que hacerlo con la luz encendida.

Fallas en  política ambiental

La lluvia ha puesto en evidencia el fracaso de la política de preservación de la calidad del ambiente. Desde que empezó a llover, kilómetros y toneladas de desperdicios de todo tipo han navegado por  los cauces de los ríos Ozama e Isabela. Una parte de estos desechos estuvo depositada en las riberas y al aumentar el volumen de agua “viajó” hasta  la desembocadura. Otra parte llegó al cauce desde cientos de cañadas que vierten agua (y basura) en ambos ríos.

El efecto de la lluvia ha delatado la falta de una política ambiental dirigida a mantener saneadas las cañadas, e impedir que la gente vierta  desperdicios en las riberas y  cauces. Ozama e Isabela han estado bajo una permanente crisis ecológica, producto de la contaminación culpa del hombre y de la falta de una estrategia funcional para su  saneamiento. Nadie parece haber reparado en que, más temprano que tarde,  la lluvia delataría ese fracaso.