En la actual coyuntura, aún las más legítimas aspiraciones de cada sector, el reclamo de las más justas reivindicaciones económicas o sociales, debería partir de la premisa de que el interés nacional debe estar por sobre todas las cosas y de que deberíamos tratar de no lesionar su integridad ni comprometer su porvenir inmediato.

Nuestro planteamiento está motivado en una situación de actualidad que podría tener consecuencias indeseables para el desenvolvimiento económico.

Probablemente sea legítimo que se aspire a favorecer al sector azucarero con facilidades que mejoren su competitividad en los mercados externos, pero habría que calibrar en qué medida las facilidades dadas a un sector podrían afectar el grueso de la economía. Habría que medir hasta dónde sería prudente «reformar las reformas» del orden fiscal puestas en vigencia hace poco y poner en riesgo de fracaso un acuerdo con el Fondo Monetario Internacional (FMI) que, hasta demostración en contrario, necesita urgentemente la economía del país.

Bajo el mismo prisma deberían ser calculados los perjuicios o beneficios que se derivarían de mantener el gravamen de un 25% sobre las importaciones de edulcorante de maíz, en función de los beneficios o perjuicios que devendrían de la nulidad del Tratado de Libre Comercio con los Estados Unidos.

De lo que estamos hablando es de armonizar las legitimidades enarboladas por cada sector -la Presidencia de la República y el Congreso- para tratar de lograr soluciones que tengan por norte el interés general de la nación, ya sea en materia fiscal como en materia de competitividad en los mercados externos.

El predominio opositor en las cámaras legislativas y la hegemonía oficialista en el Poder Ejecutivo son fuerzas que tienen que ser puestas al servicio del país, antes que de intereses de grupo. Si fuere de otro modo, el porvenir habría de ser sombrío, incierto y perderíamos todos. Primero el país.

Autodefensa

Está sobradamente comprobado que los altos precios al detalle de muchos artículos, sean de primera o de remota necesidad, no se corresponden con los descensos experimentados por la cotización del dólar y los precios de los combustibles, ni son un reflejo de costos operacionales o de producción.

Hay un mercado abusivo que ha decidido por voluntad unilateral mantener inflados los precios, aún cuando sus argumentos sobre costos de reposición de inventario se han desplomado tan estrepitosamente como la «prima» del dólar.

Ante este comportamiento del comercio, los consumidores deberían adoptar actitudes de defensa que les permitan librarse del engaño. Una fórmula que ha dado buenos resultados en otros países ha sido el boicot o la abstención de comprar artículos con precios artificialmente inflados.

El abuso es detectable por diversos métodos, que van desde la comparación de precios al por mayor y detalle hasta la confrontación entre uno y otro detallista.

En estos tiempos de economía globalizada y apertura de mercados no hay controles de precios por medios represivos, sino que la oferta y la demanda determinan los niveles de precios. Como generadores de demanda, los consumidores tienen todo el derecho, y hasta el deber, de defender sus intereses, y una forma idónea es abstenerse de comprar artículos inflados, sobre todo si el mercado ofrece alternativas a costos menos abusivos. En marcha, pues.