MANUEL E. GÓMEZ PIETERZ
Toda forma de corrupción se inicia con un acto de silencioso ocultamiento. La impunidad se nutre de la complicidad en ciernes. Toda situación de impunidad encubre un anhelo de diferida participación por quienes la toleran bajo un falso pretexto de moderación o justa imparcialidad. Como buenos conspiradores, los corruptos en acto o en potencia parecen tomar muy en serio su provechoso oficio y suelen actuar como guiados por la máxima filosófica de Ortega y Gasset: «Si se quiere, de verdad, hacer algo en serio lo primero que hay que hacer es callarse».

Lo que no puede ni debe callarse so pena de complicidad y de traición a la tácita promesa al electorado mayoritario, es el muy serio daño que moral y materialmente los corruptos infligieron al país nuestro en su presente como en su futuro. La prensa local, esa ambidiestra y ambivalente movedora de lodo, humo, y neblina, impulsada por no sabemos cuales fuerzas, suele sin embargo realizar la inexplicable catálisis de lo socialmente positivo.

Sin ser el PLD nuestro partido, su Gobierno sí es en cambio el nuestro. Por aquel hemos votado en los tres últimos momentos de su protagonismo político. Guiado por nuestra íntima, firme, y aún no quebrantada convicción de que nuestro futuro como país y como nación, pende del liderazgo y de la exitosa gestión política del actual Presidente de la República, la cual dependerá indefectiblemente de los niveles de su personal prestigio, credibilidad e incuestionable autoridad política puestas al ejercicio de una firme y oportuna capacidad de decisión. Es nuestro irrenunciable deber participar interactivamente en una simple relación de ciudadano-gobierno a fin de robustecer esos necesarios atributos del gobernante. Pero en actitud vigilante, sin servilismo ni obsecuencia. Tal es nuestra modesta determinación.

Con dubitativo pesar sentimos que estamos extraviando el camino. Que el cambio de mandatarios en medio de una excepcional crisis total por obra de la incompetencia, la corrupción desenfrenada, y la perversidad conspiradora de la facción derrotada; requería necesariamente un potente acto inicial de gobierno que inequívocamente dejara establecido la legítima distancia en términos de poder político entre gobernantes y opositores. Perdida la iniciativa el gobierno ha pasado a la defensiva y caído en una anodina situación de «laissez faire, laissez passe» (dejar hacer, dejar pasar). El hombre de la calle tiene la percepción de que el evidente mejoramiento de la situación económica operada por el cambio de gobierno, se debe al efecto psicológico del cambio mismo, no a alguna medida identificable de política económica. Paradójicamente, la única decisión que refleja una potente voluntad política, es el controvertido proyecto del metro de Santo Domingo.

Recientemente la prensa escrita nos ha ofrecido la muy preocupante información de un acuerdo «por la gobernabilidad», supuestamente convenido entre el Presidente Fernández y su antecesor Hipólito Mejía. Preocupante, no sólo porque su sustancia no podría ser otra que la garantía de impunidad a la segunda parte y sus secuaces, sino porque vendría en apoyo contundente de la generalizada creencia de la mayoría de la gente de que tal acuerdo debe existir soterradamente. Los supuestos involucrados: partes y mediador, independientemente negaron que tal acuerdo se hubiese convenido formalmente. Nosotros así lo creemos. Porque atribuimos al Presidente Fernández la inteligencia y la capacidad política para comprender que con ello se jugaría su futuro político y comprometería severamente el de su partido. Sin embargo, la imagen presidencial no ha salido inerme de la brega de opinión. Su capacidad de tomar decisiones en caliente, se ha erosionado ante el público. Y a pesar de los loables esfuerzos del Vicepresidente, se ha esfumado talvez para siempre, la empatía del PLD con los más pobres y desposeídos. No obstante lo bien intencionada de la mediación, ésta asumió el altísimo riesgo personal de no dejar públicamente establecido «ex ante», quienes la habrían solicitado y a que título o representación institucional se ofrecía. Fue demasiado alto el costo de ver su prestigiosa trayectoria como mediador asociada sin aviesa intencionalidad al concepto de correvedile.

Más recientemente, los medios de prensa han expuesto al escrutinio público, la intención de otorgar de grado a grado a una empresa mexicana un contrato para sustituir el actual sistema de licencia para conducir vehículos de motor en nuestro país. No se elaboraron términos de referencia para eventualmente omitir la convocatoria a una licitación y las informaciones que han salido a la luz pública indicarían que el Secretario de obras Públicas habría ya seleccionado a su candidato. Leyendo entrelíneas lo publicado sobre este caso, tenemos la impresión de que en la Secretaria de Estado de Obras Públicas existe un embarazoso desacuerdo con la actitud del Secretario. Finalmente todo ha quedado en claro, en el reportaje publicado en El Nacional del 17 de marzo bajo la firma de Alberto Caminero con el título: «Favorece contrato licencias con Dekolor». Según esta publicación, el doctor Julio Cury, abogado de esa Secretaría de Estado «favoreció hoy el contrato con la empresa DEKOLOR para la confección de licencias de conducir, porque dice que resguarda escrupulosamente los intereses del Estado». Como si el grado a grado en secreto fuese un procedimiento más escrupuloso que una licitación pública, abierta, y transparente, y no el tufo de que «algo huele mal en Dinamarca».

Creemos que la Presidencia de la República está en el ineludible deber de ordenar una exhaustiva investigación sobre el presente caso, que conduzca a la definitiva erradicación de los contratos que burlen el debido proceso de concurso y licitación en proyectos públicos. Para evitar que aparentes atisbos se convierta en el hecho cumplido de posibles actos de corrupción.