San Juan.- El principal campus de la Universidad de Puerto Rico (UPR), el de Río Piedras de la capital, cumplirá el lunes dos meses cerrado a causa de una huelga de estudiantes en protesta por los recortes de más de 200 millones de dólares derivados de la profunda crisis económica que afecta a la isla.

Río Piedras y el campus de Humacao son a día de hoy los únicos que mantienen cerradas sus puertas después de que el resto de recintos hayan decidido con el paso de las semanas retomar la actividad académica ante la evidencia de que el pulso que mantienen por los drásticos recortes en el presupuesto con las autoridades tenía un futuro incierto.

Los estudiantes argumentan que los recortes exigidos para el próximo año hacen prácticamente inviable mantener unos mínimos de calidad en la actividad académica, mientras que las autoridades de la isla caribeña apuntan que se debe trabajar con el dinero disponible en medio de una crisis económica que dura una década agudizada con la imposibilidad de atender la deuda pública.

Durante las últimas semanas diferentes asambleas de estudiantes decidieron abrir las puertas de los diferentes campus, lo que permitirá además salvar a última hora el año académico, en riesgo si no se celebraban los exámenes de junio.

Los estudiantes del campus de Bayamón de la UPR decidieron abrir las puertas el pasado día 1, con lo que siguieron la estela dejada por los de Mayagüez, Cayey y Utuado que el 30 de mayo pusieron fin a la huelga. A pesar del final de las protestas en la mayoría de los campus es clave el histórico de Río Piedras, el más emblemático, numeroso y guía para el resto.

Los estudiantes de Río Piedras han convocado para el lunes una asamblea en la que se tratarán varios temas, entre los que destaca la posibilidad de abrir el recinto y poner fin a una huelga que ese día cumplirá 2 meses y que hasta el momento no ha conseguido modificar los planes de las autoridades de hacer costes drásticos. Aunque es impredecible el resultado de la asamblea del lunes, el ambiente que se respira entre los estudiantes que apoyan la huelga en Río Piedras es el de poner fin al paro, lo que permitiría salvar el año académico y celebrar los exámenes.

La raíz de la protesta hay que buscarla en los drásticos recortes impuestos por el Ejecutivo que lidera Ricardo Rosselló para el próximo año académico. El Gobierno de Puerto Rico se ha visto obligado a llevar a cabo esos recortes empujado por las exigencias de la Junta de Supervisión Fiscal, una entidad de control federal impuesta al Ejecutivo de San Juan por el Congreso en Washington.

Puerto Rico se declaró en 2015 incapaz de pagar una gigantesca deuda pública de 70.000 millones de dólares y ante las amenazas de los acreedores de juicios interminables y el riesgo de cerrar las operaciones gubernamentales por falta de liquidez, el Gobierno solicitó la colaboración de Estados Unidos, del que es un estado libre asociado.

El Congreso estadounidense aprobó la Ley para la Supervisión, Administración y Estabilidad Económica de Puerto Rico (Promesa, por sus siglas en inglés), que establece la Junta de Supervisión, una entidad que se superpone al Ejecutivo local y que tiene que dar su visto bueno al presupuesto anual o cualquier otro gasto que afecte a las finanzas públicas.

Rosselló presentó la pasada semana el presupuesto para el año fiscal 2017-2018 (1 de julio a 30 de junio) que establece un recorte de 202 millones para la UPR, que la Asamblea Legislativa de Puerto Rico debe aprobar antes del próximo día 30 junio.

A ese drástico recorte, que los estudiantes insisten hace inviable mantener unos niveles mínimos de calidad, hay que sumar una reducción ascendente a 658.000 dólares para el programa de becas, según se desprende del presupuesto presentado por el gobernador la pasada semana.

Los problemas ocasionados por la huelga se vieron agravados después de que durante las pasadas semanas se produjeran una serie de dimisiones en cadena, encabezadas por la de la presidenta interina de la UPR, Nivia Fernández, y de tres miembros de su Junta de Gobierno. Las dimisiones se produjeron después de que el Tribunal de San Juan exigiera que se abran las puertas del campus de Río Piedras bajo amenaza de cárcel.