El reclamo de seguridad ciudadana se ha estado manifestando de diversas maneras y por disímiles vías en los últimos tiempos. Durante el fin de semana, desde los púlpitos de distintas denominaciones religiosas la prédica común invocaba la falta de seguridad que sobrecoge a los ciudadanos de este país.

Por inducción, la necesidad de mejorar la seguridad -¿o establecerla, realmente?- se ha puesto de manifiesto por otras vías, indeseables y repugnantes, pero dramáticamente elocuentes, convincentes.

Un número muy alto de personas, entre ellas policías y militares, han caído asesinadas por delincuentes en los últimos días, en operaciones destinadas a captar más armas para multiplicar el crimen.

La arremetida contra guardias, policías deja claro que los criminales no temen a los riesgos y que están firmes en el objetivo de continuar expandiendo sus dominios en barrios y comunidades, dominios que, por cierto, han ganado en muchos lugares por la ausencia de las autoridades que deben contrarrestar sus ímpetus. Esa misma ausencia que a veces roza los linderos de la complicidad.

La necesidad de mejorar la seguridad ciudadana se manifiesta también con el silencio. En barrios capitalinos y comunidades provinciales la gente no se atreve a denunciar a los delincuentes que a veces tienen como sus vecinos más cercanos, y no se sabe si temen más a la represalia violenta del malhechor o a la desprotección en que les mantienen las autoridades.

Es una expresión de inseguridad colectiva el hecho de que en Santiago, la segunda ciudad en importancia del país la gente de unos veinte sectores ha comenzado a organizarse para contrarrestar la delincuencia y eventualmente tomarse la justicia en sus manos.

-II-

Las propias autoridades, también, han puesto de relieve que hay que mejorar la seguridad de los ciudadanos. ¿Acaso hay una corroboración más elocuente que la decisión anunciada por la jefatura de la Fuerza Aérea Dominicana, de desarmar a sus miembros para librarlos de atentados contra sus vidas para el despojo de sus armas?

Desde otro estamento oficial se ha planteado el asunto de la inseguridad en que viven los ciudadanos de este país. La Secretaría de Interior y Policía ha hecho referencia al gran número de armas en manos de la población civil. Después de cierta apertura, es probable que esa cartera haya logrado la legalización de un número considerable de armas de fuego. Esta proliferación no obedece a una inclinación deportiva por el tiro al blanco sino, obviamente, a una necesidad de suplir la protección que la autoridad no está en condiciones de garantizar.

Un Estado organizado está obligado a garantizar la seguridad de los ciudadanos, de los propios en primer orden y de los extranjeros que son visitantes o inversionistas. La seguridad es una condición que debe prevalecer como norma jurídica de protección de las personas, sus bienes y sus derechos.

La necesidad de que se ponga atención a la inseguridad ha tenido tanta elocuencia en los últimos tiempos, tantas vías y medios de expresión, que la administración del Estado debe sentirse más comprometida que nunca a mejorar y garantizar todos los medios de protección colectiva que son consustanciales a su función.

Con tantas formas y vías tocando el tema, mejorar la seguridad debe ser para el Gobierno un asunto de la más alta prioridad.