Es otra la reforma, más apremiante que la que necesitaría la Constitución de la República, la que debería convertirse en consigna nacional hasta que el país se ponga de acuerdo para la redacción de una nueva Carta Magna.

Con su afirmación anteayer de que el clientelismo político –tan evidente en los procederes partidarios– atenta severamente contra el establecimiento de un Estado de Derecho, el procurador general de la República, doctor Francisco Domínguez Brito, nos conduce a suponer que quienes más urgentemente deben ser reformadas son las entidades políticas, esas que aspiran a ser reformadoras.

Con eficaz y meritoria sinceridad –puesto que él también ha sido fundamentalmente un hombre de partido– el jefe del Ministerio Público hizo suyo el criterio de que en esta sociedad muchos políticos suelen sustraer recursos al Estado para poder sobrevivir en sus carreras proselitistas.

Domínguez Brito se refería al clientelismo como causa del peculado, y formuló la seria denuncia social de que «la mezcla de pobreza y clientelismo constituye una bomba de tiempo para la República Dominicana» porque deshace las propiedades del Estado.

Sus declaraciones explican –por si hacía falta– la opinión desfavorable sobre los políticos dominicanos que arrojan siempre las encuestas.

Los partidos son imprescindibles para que la democracia funcione y por eso los ciudadanos votan en masa, cada vez. Pero los que no son imprescindibles son los políticos que violan la ética.

Ellos han sido hasta ahora los que hacen y deshacen constituciones y casi nunca ha salido algo admirable. ¿Por qué lanzarse ahora a tratar de cambiar la Carta Magna sin antes reformar moralmente a algunos entes de la representación de los ciudadanos?

Pesar y condena

Bielka Colón, una niña de 11 años, ha sido una víctima más del culto a la posesión y uso de armas de fuego, del que las autoridades no han sido capaces de proteger a sus gobernados.

Bielka jugaba hace un par de días en la acera de su casa cuando una bala penetró a su cabeza; de la procedencia del proyectil nadie sabía nada horas después, mientras ella ha seguido al borde la muerte. Fuera de que en el sector del domicilio de la inocente menor –Villa María– los enfrentamientos a tiros entre delincuentes juveniles son el pan de cada día.

Pero la presencia de actitudes agresivas y armas al cinto es de todos los estratos sociales. Como está presente también la duda de que la Secretaría de Interior y Policía esté siendo un instrumento suficientemente eficaz para evitar que muchas personas no calificadas obtengan o conserven el derecho inmerecido a desenvolverse en la vida con un letal poder de fuego a mano. De la posesión ilegal de armas por parte de antisociales, no hay mucho que agregar.

Pero lo cierto es que cualquier mínima discordia entre ciudadanos por problemas de tránsito o contradicciones de cualquier naturaleza, termina convirtiéndose cada fin de semana en causa mayor para derramamientos de sangre.

Una deuda de 200 mil pesos terminó, ahora días, cobrando la vida de cinco personas en San Cristóbal.

En materia de imponer controles y reducir el porte de armas, peligroso para la sociedad, los gobiernos siempre se inauguran con golpes de pecho y declaraciones de intención. Luego, los hechos barren la palabrería.