Los motivos para considerar inoportuno adentrarse en una reforma tributaria nunca han faltado porque, como reconoce el presidente Abinader, en este país se rehúye abordar el tema.

Existe, decimos nosotros, un rechazo visceral a las acciones recaudadoras, por demás eludidas y evadidas cuando son lanzadas hacia potenciales contribuyentes, sobre todo cuando se trata de entes de ingresos altos, como razones sociales o individualidades.

El ingreso más asegurado del fisco dominicano es el que proviene de gravar consumos, con efectos más gravosos sobre la masa ciudadana que comprende a toda la gente pobre y de clase media baja.

Existe un comercio de exoneraciones para autos lujosos que fomenta el dispendio sin sacrifico de bolsillos a personajes privilegiados. Enllavados y sagaces, exitosos en fallarle al fisco.

En este solo hecho está simbolizada la inequidad que urge combatir. Sentar a la mesa del diálogo fiscal a representaciones de grandes medios de producción y servicio beneficiarios del crecimiento de la economía con millones de dominicanos sometidos a gastos gravados que no bastan para que el Estado preste ingentes servicios y se libere de deudas. Mientras se abre camino hacia una mayor participación del Fisco en los lucros elevados, el Gobierno tendrá que seguir dando pruebas de que administra bien lo que extrae de los caudales privados. Combatir con calidad de gastos la renuencia a tributar.

Botados y sin
los chelitos

La expulsión de los beneficios salariales que al Estado exprimen las cohortes políticas de turno, llamada más modernamente «desvinculación» sin que se diga que algunas veces implica quedar fuera de las mieles del poder, registra un efecto desastroso adicional para los echados a la calle: El Gobierno tiene tintas para firmar instantáneamente las cancelaciones, mas no para disponer la indemnización que corresponde a personas urgidas hoy de dinero por haber quedado sin sus sueldos habituales.

Como principal empleador de la nación, gracias al alegre crecimiento de la burocracia, el Estado debería, por sus compromisos legales y fines sociales, observar una conducta ejemplar con los despidos. Al menos cumpliendo fielmente con el plazo de pago de prestaciones que se confiere a la hora de sacar gente de sus predios.