El país más pobre del hemisferio, Haití, ha entrado en una de las transiciones difíciles que le ha tocado vivir en sus dos siglos de accidentada vida independiente.

Depuesto Jean Bertrand Aristide como presidente del vecino Estado, la transición dirigida por un gobierno provisional deberá conducir a elecciones en un plazo que oscilaría entre tres y seis meses.

La situación, pues, plantea un orden de prioridades en el cual el aspecto político institucional, de enorme delicadeza, reclama en los momentos actuales especial atención para que se pueda lograr la organización de unas elecciones aceptables para todas las partes. Esto supone un restablecimiento acelerado del orden público y la seguridad ciudadana, para lo cual hay que poner bajo control del gobierno todas las armas

en manos de civiles, y es necesario quebrar barreras que han determinado la debilidad institucional del Estado haitiano.

Pero en Haití, al margen del aspecto político, hay grandes complicaciones de orden social que deberán ser puestas en lista de prioridades por quienes asuman el poder político como resultado de las elecciones.

La pobreza extrema del pueblo haitiano lo ha obligado a una existencia difícil. El hambre y la desnutrición han llevado a los haitianos a asumir como un modus vivendi una especie de esclavitud de la cual han sacado provecho complicidades ubicadas en los dos países que comparten la isla.

Los organismos internacionales que pretenden colaborar en la solución de los problemas de Haití tienen que poner en orden de prioridades la organización económica del país, la creación de fuentes de trabajo, el fomento de la reforestación y la agricultura y crear las facilidades necesarias para bajar los índices de analfabetismo.

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En las cercanías de Juana Méndez opera una empresa de zona franca de inversionistas dominicanos. Una de las prioridades del gobierno que surja de las urnas podría ser asimilar este modelo para atraer más inversionistas dominicanos y de otras nacionalidades. En esto jugará un papel de primer orden el restablecimiento del orden y la creación de una base jurídica que proteja propiedades e inversiones.

Insistimos en que la creación de fuentes de trabajo permitirá a muchos haitianos tener una alternativa de ingreso diferente a la migración furtiva hacia la República Dominicana y otros países, y por la vía fiscal influiría en el mejoramiento financiero del Estado haitiano.

Por otra parte, el pueblo haitiano padece también uno de los índices más altos de insalubridad. La infraestructura hospitalaria es escasa, como es pobre y limitado el presupuesto destinado a los servicios de salud. La República Dominicana, de alguna manera, ha tenido que financiar la asistencia en salud de una proporción importante de la población haitiana que emigra hacia territorio dominicano. El gobierno que resulte de este proceso tendrá que desarrollar planes ambiciosos en materia sanitaria.

En fin, las circunstancias actuales abren para la comunidad internacional y para los políticos haitianos la oportunidad de hacer algo verdaderamente útil por los habitantes de esa nación, desarrollar un Estado debidamente organizado, que tenga robustez institucional y que deje de ser una especie de finca experimental para sus grandes amigos.