Hoy 
Cuando se expone, como lo ha hecho el Presidente Leonel Fernández, la intención de modificar la Constitución en base a un amplio consenso, las fuerzas de la nación se sienten necesariamente convocadas a aportar sus mejores ideas para contribuir al propósito enunciado.
Se siente entonces la necesidad de establecer las que, a juicio de las organizaciones y personalidades de la sociedad, serían las prioridades más urgentes y desglosar aquellos aspectos de alta influencia en la calidad de vida de la gente.
Es obvio, entonces, que entre esas prioridades debe estar la necesidad de diseñar políticas que contribuyan a mejorar la inversión social y a hacer menos profunda y amplia la brecha que hace a unos extremadamente ricos y a otros injustificadamente pobres.
Y sea o no materia constitucional, lo cierto es que se percibe la necesidad de aprovechar las vías de consenso para proponer el diseño de iniciativas que permitan distribuir de manera más equitativa, justa y oportuna el bienestar que se supone debe derivarse del crecimiento y estabilización de la economía.
-II-
La reforma del estatuto político de la nación necesariamente tiene que perseguir metas integrales y bien proyectadas en el largo plazo. En ese sentido, hay que tener presentes todas las pautas que permiten moldear la vida social, política y económica y que crean las condiciones para dar rango a la calidad de vida de la gente.
Por más que se ha hablado de la gran brecha entre pobres muy pobres y ricos muy ricos, así como del enorme déficit acumulado en materia de inversión social y la falta de políticas para el crecimiento humano, los objetivos de las reformas constitucionales siempre han sido de índole política.
Las reformas sociales profundas, como se requieren en este país, han sido escasas. Es más, algunas, como la Seguridad Social y su importantísimo instrumento denominado Seguro Familiar de Salud, han causado, hasta el momento, más frustración que alivio.
-III=
Por eso insistimos en que es necesario hacer una revisión minuciosa de nuestros problemas sociales, de la deficitaria inversión para crecimiento humano y del rango actual de la calidad promedio de vida para diversificar las metas de las reformas que se pretenden, de modo que no sean exclusivamente políticas.
El Estado está en el deber de diseñar los medios que permitan una mejor y más oportuna transferencia de las bondades de la economía, para que estos beneficios sean sentidos en la población.
El Estado no puede ser vacilante a la hora de hacer justicia social, y en ese sentido debe contrarrestar aquellos obstáculos que han privado a la población de los beneficios de un auténtico régimen de Seguridad Social. Si ha llegado el momento de las reformas de consenso, que se hagan, pero con el cuidado de que sean amplias, profundas, justicieras y oportunas.
