El primordial servicio judicial requiere para lo inmediato de una mayor disponibilidad de recursos presupuestales a fin de ampliar espacios físicos e instalar tribunales previstos. Y necesita, además, que la supervisión que la instancia rectora aplica a sus componentes cumpla con sentido de oportunidad y mayor contundencia la tarea de de- tectar comportamientos que encierren la posibilidad de violaciones a normas con aproximación a vías de hecho. Nunca tarda en llegar alguna señal de infidelidad ética o reportes con evidencias sobre claudicaciones bajo toga ante el dinero. No por recurrencias negativas podría desconocerse que en el Tren Judicial ejercen mayormente hombres y mujeres de dignidad. Ellos, como la sociedad toda, repelen la denigración de ovejas negras.

Faltaría, para mejores resultados, que el desempeño judicial esté sujeto a normativas acordes con la realidad nacional. Los mandatos que condicionan las decisiones de los jueces, trazados para garantizar los derechos de los procesados, están sirviendo preocupantemente como resquicio para que consumados agresores a la ley se beneficien de acortamientos e interrupciones irregulares de sus penas, o para evadirlas. Supremas autoridades del Poder Judicial, han venido a darse cuenta muy tarde de escandalosas componendas y compras de conciencia en burla a las instituciones. Todo bajo inicuo cumplimiento de formalidades y procedimientos.

Que se pongan de acuerdo y ya

Visto desde fuera, el conflicto por alegados incumplimientos mutuos entre el Ayuntamiento de Santiago y la Corporación del Acueducto local no luce irreconciliable, al existir vías administrativas o judiciales en capacidad de zanjarlo en vez de gastar pólvora en acusarse recíprocamente. El que organismos del Estado se retrasen en honrar compromisos es muy común y las posibilidades de que la disputa tenga efectos indeseables para los munícipes son reales e inexcusables. Un mal signo estriba en las versiones de que existe un trasfondo de diferencias partidarias, lo cual niega muy enfáticamente uno de los litorales. Además, resalta la ausencia de un arbitraje con sello del partido a que pertenecen las partes. Una autoridad morada que armonice a los enfrentados convenciéndolos de que el gran pleito a lo interno está casado pero para más adelante.