Hoy 
El 15 de este mes, el ministro administrativo de la Presidencia, Luis Manuel Bonetti, garantizó que aparecerían los recursos necesarios para pagar a contratistas y evitar así la paralización de las obras del Metro de Santo Domingo.
Ayer, el ministro de Educación, Melanio Paredes, dijo que esa cartera tendrá que desacelerar programas importantes porque, a pesar de que le han aumentado 4,500 millones de pesos en el presupuesto para 2011, no será suficiente para cubrir todos sus planes en carpeta.
Parece haber desorden en las prioridades de desarrollo del Gobierno para con el país. Educación tendrá que aplazar la construcción de las aulas necesarias para la tanda única y para eliminar la tanda nocturna de los liceos, y dejará para luego los cursos de capacitación para maestros, así como innovaciones como el programa televisión educativa, entre otros planes.
El atraso que tiene el país se debe en gran medida a insuficiente inversión para mejorar la calidad de la educación, mantenerla actualizada y formar mejores maestros.
Para 2011 también será deficitaria la inversión en Educación y ni siquiera se podrá cubrir lo que consigna el Plan Decenal. La falta no estriba en garantizar recursos para continuar el Metro, sino en la terrible confusión de prioridades que obliga a desacelerar la educación.
Un caso que no debemos cerrar
Juan Almonte Herrera, a quien la Policía vinculaba al secuestro del joven Eduardo Baldera Gómez, desapareció hace un año, después de haber sido secuestrado por hombres que pertenecerían a una unidad antisecuestros.
Las autoridades han manejado su desaparición bajo el mismo código que se han manejado las muertes de sospechosos en intercambios de disparos entre policías y presuntos delincuentes. Y ocurre que Cecilio Díaz y William de Jesús Batista Checo, dos de los presuntos coautores del secuestro de Balderas, murieron asesinados por policías a los que enfrentaron a pesar de que ya estaban reducidos al arresto.
La desaparición de Almonte Herrera es un caso que no puede cerrarse sin antes dar explicaciones precisas y castigar responsabilidades. No porque lo reclame Amnistía Internacional o cualquier otro organismo internacional, sino porque el país tiene el deber de no pasar por alto estos códigos de muerte.
