Prioridades y austeridad en la agenda nacional

Prioridades y austeridad en la agenda nacional

POR JUAN BOLÍVAR DÍAZ
Al retornar de su último viaje de diez días que lo llevó a Cuba y los Estados Unidos el presidente Leonel Fernández se encontró un ambiente deteriorado por el recrudecimiento de los apagones y la reactivación de la violencia, incluyendo el asesinato de un dirigente popular que generó protestas en diversas poblaciones.

El gobierno atraviesa por dificultades presupuestarias fruto de ingresos menores a los proyectados para este año y del exceso de gasto en la campaña electoral lo que ha determinado acumulación de deudas y paralización de gran parte de las obras públicas, excepto el Metro de Santo Domingo que cada día demanda mayor financiamiento.

Fue relevante en la semana el clamor de los sectores empresariales para que el gobierno implemente una política de austeridad en el gasto y centre su atención en las prioridades que demanda la situación nacional, incluyendo una  enérgica apelación al cumplimiento de las leyes, más que en la reforma de la Constitución.

Signos de deterioro

Diversos signos de deterioro se registraron durante los últimos días con el recrudecimiento de los apagones por una drástica reducción de la oferta energética, lo que ha afectado las actividades productivas y la vida familiar, incluyendo el suministro de agua de una gran proporción de los acueductos operados por bombas eléctricas, mientras el brote de dengue sigue llenando los hospitales.

Al mismo tiempo se advierte una reactivación de la violencia homicida que llevaba varias semanas de reducción, tras las medidas de emergencia establecidas el mes pasado. Resaltan los enfrentamientos a tiros entre agentes policiales y presuntos delincuentes, que han dejado más de una docena de víctimas de ambas partes.

El hecho de violencia más significativo fue el asesinato por agentes policiales del dirigente del Frente Amplio de Lucha Popular en Navarrete, Elvis Amable Rodríguez, lo que desató protestas en esa población, con balance de tres heridos, las que se extendieron por ciudades de la región norte y en la Universidad Autónoma de Santo Domingo que hace tiempo no era afectada por violencia.

La Policía incursionó disparando indiscriminadamente e hiriendo a tres estudiantes en el Centro Universitario del Nordeste, con asiento en San Francisco de Macorís, lo que la directora Ana Rita Guzmán calificó de acción “bestial y brutal”.

Aunque en principio la comandancia de Santiago había afirmado que el estudiante Elvis Rodríguez fue muerto la noche del lunes 25 en un “enfrentamiento a tiros” con sus agentes, dos días después el jefe de la Policía anunció el sometimiento a la justicia de dos agentes, responsabilizados del asesinato, y el traslado de la dotación policial de Navarrete, además de una exhaustiva investigación para determinar si otros de sus miembros son pasibles de sanciones.

En Moca sí hubo enfrentamiento policial con delincuentes que intentaban asaltar una banca de apuestas el miércoles, pues allí murió el raso José Restituyo y fue herido el teniente Ramón Encarnación Montero. También perdieron la vida dos de los asaltantes.

En el sector Gurabo, de Santiago, desconocidos hirieron de perdigones al teniente policial Fernando de los Santos, y horas después agentes del orden mataron allí mismo a dos hombres que intentaban asaltar un supermercado. En esa acción fue herido el sargento Federico García Abréu, mientras en Villa Mella la Policía daba muerte a un hombre que según la versión oficial habría resistido una orden de arresto.

Los asesinatos del periodista Lavatta, en Los Alcarrizos, de tres personas en una tienda de la avenida Padre Castellanos de Santo Domingo, del vigilante Julio Cabrera en Arroyo Hondo despojado de una escopeta, y del sargento del Ejército Nacional Milkis Ramírez, en Brisas del Este, Santo Domingo Este, contribuyeron al recrudecimiento de la violencia criminal, mientras se investiga el asesinato de los empresarios Enrique Serrata y José Checo Estévez, en el sector capitalino de Miraflores. 

Prioridades y austeridad 

Los reclamos de prioridades en la atención gubernamental y en la inversión pública y de austeridad en el gasto que últimamente habían sido sustentados por economistas como el padre José Luis Alemán, la Asociación Nacional de Jóvenes Empresarios y la Asociación de Industriales de Herrera, fueron reivindicados esta semana por el Consejo Nacional de la Empresa Privada en el discurso ante la Cámara Americana de Comercio de su presidenta Elena Viyella de Paliza.

Tras denunciar la creación de 30 mil nuevos empleos gubernamentales en los primeros 5 meses del año, que atribuyó al excesivo gasto durante la campaña electoral, la empresaria reclamó el miércoles 27 la reducción de las nóminas estatales supernumerarias y la adopción de un plan de austeridad y racionalidad en el gasto.

Aunque favoreció la reforma de la Constitución de la República, que aparece como prioridad gubernamental, la líder empresarial no la consideró urgente y pidió que el gobierno centre su atención en el mantenimiento de la estabilidad macroeconómica, en la solución de la crisis energética, en las reformas estructurales pendientes con la aprobación de leyes acordadas con el Fondo Monetario Internacional y el tratado de libre comercio con Estados Unidos.

Elena Viyella concibe como urgente una estrategia de nación que defina prioridades, fortalezas, debilidades, desafíos y oportunidades, asumiendo los retos y posibilidades que conlleva el tratado de libre comercio aún sin fecha para entrar en vigencia, según declaró esta semana el embajador de Estados Unidos, Hans Hertel.

Pidió mejorar el clima de negocio, venciendo obstáculos al comercio y la competitividad y facilitando la transformación y adecuación del aparato productivo.

El discurso de la presidenta del CONEP discurrió largamente sobre la prioridad de cumplir las leyes, que señaló como “reto fundamental”, al señalar la percepción de “falta de autoridad”, quejándose de que “hemos propiciado el flagrante y generalizado irrespeto a la ley y la autoridad”. Especificó  las violaciones a las leyes de tránsito, de la seguridad social, de servicio civil y carrera administrativa, de libre acceso a la información pública, de defensoría del pueblo,  y de la declaración jurada de bienes, además de la ley general de Electricidad.

El mismo día del crítico discurso de la señora Viyella, la Fundación Institucionalidad y Justicia, del sector empresarial, entregaba un comunicado planteando  que “la mejor manera de contribuir a la institucionalidad del país en este momento, no es aprobando una nueva Constitución, sino creando una verdadera cultura de cumplimiento de la ley y de la Constitución que actualmente nos rigen”.

Coincidió con el CONEP en el inventario de leyes por cumplir, agregando la de sobre compras y contrataciones del Estado, con lineamientos estrictos de transparencia y competencia, y el cumplimiento de la Ley de Educación que dispone el 4 por ciento del productor bruto para ese sector.

Y como reclamo adicional al de Finjus de que “sometamos al orden al mismo Estado”, decenas de instituciones sociales publicaban otro comunicado insistiendo en que la reforma constitucional sea mediante una asamblea constituyente electa al efecto.-             

Apremios presupuestarios 

En el ámbito económico se registra esta semana una caída del 2.3 por ciento en el valor del peso cuya cotización promedio en el mercado institucional se elevó de  32.15 a 33.94. Al comenzar septiembre era de 32.85, por lo que en el mes el peso cayó 3.2 por ciento. Esta semana la tasa de interés para depósitos de largo plazo en las subastas de los miércoles del Banco Central fue incrementada en 1 por ciento, de 12.6 a 13.5, por primera vez en el curso de este gobierno.

Serias dificultades presupuestarias han afectado en las últimas semanas la gestión gubernamental a consecuencia de recaudaciones por debajo de lo estimado para este año y del exceso de gasto registrado en los meses de la campaña electoral. El martes el director de la Oficina Nacional de Planificación, doctor Guarocuya Féliz reconoció los apremios, indicando que los ingresos están por debajo de lo presupuestado para el año y que la secretaría de Obras Públicas y la Oficina Supervisora de Obras del Estado gastaron en los primeros 6 meses toda la asignación del 2006.

Eso explica la paralización de gran parte de las obras públicas, mientras el Metro de Santo Domingo acapara el grueso de los recursos disponibles. Hace un par de semanas se reveló que en junio se destinaron 160 millones de pesos para el Metro y solo 100 millones para las demás obras. El Colegio de Ingenieros denunció el crecimiento de la deuda con los constructores.

En tanto el Instituto Nacional de Estabilización de Precios está paralizado y los recursos que le asignan apenas alcanzan para pagar 2 mil 200 empleados que no hacen nada y deudas que ascienden a más de 275 millones de pesos. En la Dirección de Bienes Nacionales donde se ejecuta un contrato de privatización sin aprobación congresional se han acumulado deudas de dos salarios con sus empleados. También el Instituto Postal dominicano pasa por graves precariedades, según reveló su director. Y en la Corporación del Acueducto y Alcantarillado de Santo Domingo últimamente no ha habido recursos ni para el combustible que mueve sus vehículos.

Mientras tanto en el Congreso se denuncia como oneroso un contrato firmado con la empresa  española Icasur para administrar la revisión de los vehículos de motor. La comisión de diputados que lo estudia se apresta a rechazarlo tras revelarse que la contratación dejaría en manos de los empresarios el 82 por ciento de los ingresos.

También afecta la imagen del gobierno la queja por televisión del Superintendente de Bancos Rafael Camilo, por los ataques personales y contra el sistema financiero de los defensores de los acusados del fraude de Baninter, que al mismo tiempo son funcionarios y aliados gubernamentales.

Los apremios nacionales de las últimas semanas redujeron el impacto de informes positivos como el del Foro Económico Mundial que asegura que en el último año el país ascendió 19 puestos en su escala de competitividad y esfuerzos por atraer inversiones, y el de una encuesta del Banco Central, según la cual la producción del sector manufacturero mejoró 17 por ciento entre abril y junio pasados.   

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