El Proyecto de Presupuesto de Ingresos y Ley de Gasto Público para el 2004 ha llegado al Congreso en una época en que dos ingredientes perturbadores dominan el panorama nacional.

Uno de esos ingredientes está definido por una crisis económica y financiera que espera esa pieza como la llave mágica que abrirá el cofre de los recursos facilitados por el Fondo Monetario Internacional. El otro ingrediente es de componente política y su talón de Aquiles está en el partido a que están afiliados un número mayoritario de legisladores que habrán de decidir la suerte del presupuesto.

Con esta realidad por delante, probablemente el disenso político influirá de manera decidida en la suerte que pueda correr el presupuesto, y eso de verdad que es preocupante.

Aunque la modificación o aprobación del proyecto de presupuesto no debería estar supeditada a las fricciones entre facciones partidarias, sobre todo si se trata de partidos con mayoría congresional, esta parece ser la tónica lamentable del momento.

Ya una parte del Congreso ha advertido que modificará el proyecto de presupuesto por estimar, sobre todo, que se le ha maltratado o sancionado con una asignación de fondos inferior a la consignada a la otra parte. Manejado el asunto en semejante contexto, no habrá conexión alguna entre las posibles modificaciones y las prioridades económicas o financieras del país, pero lamentablemente esa es la expectativa creada por algunos interlocutores de esta cuestión.

En otra porción del grueso legislativo, el argumento para promover modificaciones en el proyecto de presupuesto se basa en que el mismo no prevé asignaciones para ciertas áreas de interés particular para determinados legisladores. Nuevamente está ausente la prioridad nacional.

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Un presupuesto debe estar basado en un orden de prioridades que requieren la atención del Estado. En el caso del proyecto actual, no afirmamos que llene este requisito o se haya apartado de él. Lo que sí se observa es que lleva consigo, para garantizar ingresos extraordinarios, una carga fiscal que influirá muchísimo en el deterioro de las condiciones de vida de los dominicanos.

Si a esa influencia de lo fiscal sumáramos los aderezos que sobre el presupuesto pudiesen arrojar las discordias grupales, estaríamos condenando al país al agravamiento, no a la solución, de sus males sociales y económicos.

Nadie que respete la separación de los poderes del Estado puede pretender que los legisladores aprueben tal como fue sometido el proyecto de Presupuesto para el 2004, sin ejercer su derecho a ser críticos dentro de un rango razonable, institucional. Pero el país, que delega mediante el voto los poderes que ostentan los legisladores, no debería ser sometido a la barbaridad de que la pieza presupuestal que resulte de la sanción congresional sea un efecto de la rencilla política.

Un presupuesto tiene que ser un instrumento de desarrollo con vocación de ser realizable con la mayor aproximación posible pues, se supone, obedece a una planificación realista. En el caso actual está por verse si prima el criterio de lo nacional sobre los intereses particulares, o si se utiliza el presupuesto como arma de desquite. Nuevamente la institucionalidad está a merced de los hombres y mujeres que deben honrarla, defenderla y hacerla valer en cada acto público.