POR TANIA HIDALGO
El juez del Cuarto Juzgado de la Instrucción del Distrito Nacional dictó prisión preventiva por tres meses contra el propietario de la empresa “Agente de Cambio Julio Díaz” y otras dos personas acusadas de haber adquirido las alhajas robadas de la joyería George, del ensanche Piantini, pese a que otro tribunal había ordenado su libertad por insuficiencia de pruebas.

El juez Delio Germán impuso la medida de coerción a Julio Díaz, así como a César Michel Díaz y Juan Manuel Díaz, hijo y sobrino del comerciante, respectivamente.

Los abogados del comerciante Tomás Castro y Reynaldo Martínez expresaron que esta decisión viola la Constitución, que establece que nadie puede ser juzgado dos veces por una misma causa.

La juez interina de la Jurisdicción Permanente del Distrito Nacional, Keila Pérez, dispuso el pasado 24 de diciembre la puesta en libertad de los tres imputados, lo que motivó que el fiscal del Distrito Nacional, José Manuel Hernández Peguero, solicitará la imposición de la prisión preventiva por ante otro juez de instrucción.

“Es increíble que un fiscal después de solicitar medida de coerción contra un imputado por ante el juez de la jurisdicción permanente y no haya sido favorecido con esa solicitud ahora presente una querella por la misma acusación por ante el juez de la Cuarta de Instrucción del Distrito Nacional”, precisaron los abogados.

Dijo Castro que el objetivo fundamental de la fiscalía es apropiarse ilegalmente de tres millones de pesos más 14 mil dólares, que le fueron incautados al comerciante durante un allanamiento.

Las oficinas de Agente de Cambio Julio Díaz están ubicadas en la calle Marcos del Rosario esquina F, en Los Mina.

El comerciante se desvinculó totalmente de la compra de prendas robadas porque su negocio tradicionalmente ha sido la compra y venta de dólares y otras monedas extranjeras. 

Los abogados advirtieron que someterán a la justicia al fiscal Hernández Peguero por abuso de poder, al actuar fuera de su jurisdicción e incautar de manera irregular los más de tres millones de pesos y los 14 mil dólares, cuando la autorización sólo estipulaba la incautación de prendas preciosas.

Sostienen que es insólito que el fiscal mantenga cerrado un local que está fuera de su jurisdicción.