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La ex secretaria de la Procuraduría General de la Corte de Apelación del Distrito Nacional y abogada de profesión, Odalis Catalina Ubira, fue sometida ayer a tres meses de prisión preventiva en la cárcel de Najayo, luego de que fuera acusa de sustraer, para provecho propio, RD$1,6 millón del dinero que en efectivo les pagaban los imputados por concepto de garantía económica.
La decisión la adoptó ayer el juez de la Oficina de Atención Permanente del Distrito Nacional, José Alejandro Vargas, quien acogió la acusación que involucra a Ubiera Castro en delito de prevaricación y falsificación en perjuicio del Estado, por medio de la institución del Ministerio Público, para la que laboraba.
La mujer, que estaba presa ayer en el cárcel del Palacio de Justicia de Ciudad Nueva, fue suspendida de sus funciones cuando la Dirección de Persecución de la Corrupción Administrativa (DPCA) y la Fiscalía del Distrito Nacional comprobaron que faltaba dinero que la empleada manejaba. Los fiscales adjuntos Adolfo Féliz y Barbusso Escaño sustentaron el expediente que señala a Ubiera Castro como la responsable de desviar RD$1,646,000 de la cuenta de la Procuraduría, dinero que afirman que debió depositar en la cuenta del Banco de Reservas.
Pasado el mediodía, el juez Vargas conocía -a puertas cerradas- la acusación que se inició a raíz del procurador de la Corte, Juan Amado Cedano Santana, solicitó a la DPCD indagar el caso. Se le acusa de violar los artículos 145, 146, 166, 176, 169, 170 y 176 del Código Penal Dominicano, y el artículo 146 de la Constitución. La Fiscalía no descarta solicitar que el caso sea declarado complejo, para investigar qué otros empleados de la Procuraduría están implicados.
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Decisión del juez
El magistrado Vargas manifestó ordenó la medida de coerción contra la destituida secretaría de la Corte de la Procuraduría General al entender que como es abogada, desde fuera de la institución puede manipular para borrar los rastros.
El magistrado de la Oficina de Atención Permanente consideró, además, que de quedar en libertar, la imputada podría accionar para desactivar las pruebas en su contra.
