Dos abogados entienden que la tendencia del Ministerio Público (MP) a solicitar prisión preventiva en la mayoría de los casos, inclusive cuando son delitos menores, responde a su incapacidad de darle seguimiento a los imputados que llevan procesos en libertad.
De acuerdo al abogado Cándido Simón, en el 87% de los casos las fiscalías solicitan prisión, y el 67% es concedida por los jueces, razón por la cual el país ocupa uno de los primeros lugares de América Latina en presos preventivos.
En una lectura a ese tema, el también abogado Marino Féliz dice que el MP ha tomado la prisión preventiva, la más severa de las medidas de coerción, como una alternativa para conocer y concluir los procesos y que de hecho muchos fiscales así lo han admitido ante los jueces.
Dice que con esa medida el MP se descarga de su responsabilidad de dar seguimiento y tener los mecanismos necesarios para que los imputados asistan a sus causas.
Así también lo considera Simón y explica que al no tener el MP un eficiente departamento de captura, permite que muchos imputados, cuando se les otorga otra coerción que no sea prisión, terminan en rebeldía, lo que produce un estancamiento de los procesos. De ahí que repongan su falta operativa con prisión.
Según datos de la Fiscalía del Distrito Nacional, el número de rebeldías en esa jurisdicción es de 4,942.
El nivel de reclusos en calidad de preventivo equivale al 64.6% en el viejo modelo penitenciario y 53% en el nuevo.
Féliz y Simón concuerdan en que los jueces, por la presión de la procuraduría, aun en casos de delitos menores y sin comprobarse peligro de fuga, imponen la privación de la libertad.
Dicen que cuando se impone una coerción diferente a la de prisión preventiva a cualquier ciudadano, es el propio MP que sale diciendo que el juez se vendió o que es un aporte a la impunidad, razón que entienden hace que el juez se sienta temeroso.
Féliz dice que además la población considera que si alguien que cometió alguna infracción es dejado en libertad luego de un arresto ya el caso quedó impune.