Privatización de la salud: Un negocio criminal

José Luis Morillo, artículista

El derecho a la salud incluye el acceso oportuno, aceptable y asequible a servicios de atención de salud de calidad suficiente”.

Organización Mundial de la Salud -OMS-

Para poder hablar de la salud como derecho, se deben tomar en cuenta un conjunto de elementos que van más allá de la existencia de instalaciones sanitarias y la atención médica; la salud es un derecho humano, que como tal, para ser garantizado debe de asumirse de forma integral, creando condiciones necesarias para su aplicación, como el acceso a buena alimentación, trabajo digno, un hogar seguro, educación de calidad, que no exista discriminación y sobre todo que la gente tenga participación activa en el mismo.

El Sistema de Salud dominicano cuenta con un marco legal bastante amplio, que describe con claridad las responsabilidades del Estado y del sector privado, de igual forma se evidencia el carácter estratégico de la salud, la cual constituye un medio para el logro del bienestar común y el desarrollo humano (art. 2, Ley 42-01).

Es muy común en nuestro país, que cuando se crean normativas jurídicas para regular derechos de alto nivel estratégico, siempre se cuelan de forma perversa, los intereses del capital, con lo que termina convirtiéndose en una ley camuflaje, se muestra como una solución para los pobres, pero en realidad es un gran negocio para los ricos.

Este es el caso de la Ley de Seguridad Social de la República Dominicana, que se vendió como la panacea al problema de salud de la población y en realidad ha sido el verdugo que ha condenado a muerte a miles de personas en todo el país.

El Sistema Dominicano de Seguridad Social, creado en el año 2001 a través de la Ley 87-01, establece en su artículo 3, los principios rectores de la seguridad social, cuyos principios enarbolan la protección y la centralidad del bienestar de las personas como fin irrenunciable del Estado. Principios como la Universalidad, Integralidad, Equidad y Participación, por solo citar algunos, en los 15 años que tiene de vigencia esta ley, no han podido cumplirse de forma efectiva, la razón es más que evidente, esta normativa se creó para alimentar las arcas del sistema financiero nacional, en detrimento de la calidad de vida de las personas de escasos recursos.

Es imperdonable que a diario mueran decenas de personas en todos los centros de salud, por no recibir los primeros auxilios que manda la ley, siendo la causa un asunto pecuniario, donde se tiene que pasar por un viacrucis burocrático, los que tienen seguro médico y corren con la suerte que les acepten ese seguro, en otros casos deben hacer el famoso deposito económico que asciende a sumas cuantiosas de dinero, lo que de entrada se convierte en una sentencia de muerte, para aquellas personas que no tienen recursos.

La muerte de Don Claudio Caamaño evidencia la inhumana aplicación de la medicina y de cómo se ha pasado de una obligación del Estado de preservar la salud de la población, a una vulgar transferencia de sus responsabilidades al sector empresarial, para que este haga fortuna a expensas de todos nosotros.

Llegó el momento de repensar y cambiar este sistema criminal, falsamente llamado de salud, cuando realmente es de martirio, vejación, discriminación y de muerte. Todos y todas los profesionales serios de la salud, intelectuales comprometidos con la dignidad humana y la población en sentido general estamos obligados a asumir el compromiso de humanizar el sistema de salud y de avanzar hasta convertirlo en un verdadero derecho para todas y todos las/os dominicanas/os.