Ahora que la privatización retoma vigencia por  designarse en la CDEEE un administrador que la postula como medio de prestación de servicios públicos, resulta pertinente recordar premisas en que ésta debe cimentarse para justificar su recurrencia a esta modalidad.

La privatización constituye la prestación por empresas privadas de servicios primariamente reservados al Estado. Parte de la premisa que dichas empresas aceptan y se inscriben a las reglas que pregonan, defienden y están acostumbradas a operar, como las del mercado y competencia; que deben adherir consustancialmente a la privatización.

Pero ese no es el caso de lo que hasta ahora tiene de privatización nuestro servicio eléctrico. El Estado, no el mercado ni la competencia,  fija precios de electricidad en función de los altos costos de generación de plantas obsoletas y/o tamaño inapropiado a la demanda; teniendo que compensar dicha ineficiencia con elevados subsidios que pagamos los contribuyentes. Así la privatización se convierte en parasitaria, sustentada en el proteccionismo institucional y financiero del Estado. Se desnaturaliza, no cumple lo perseguido ni  justifica el haberla emprendido.

Esto no obstante a que las leyes vigentes al respecto recogen la adhesión a principios de mercado y  competencia. Establecen la compra de electricidad por parte de distribuidoras a generadores mediante  licitaciones y adquiridas al que la ofrezca a precios más bajos.

Pero la administración del sistema fija los precios en virtud de contratos y fórmulas complicadísimas que incluso impulsan a los generadores que producen kwh baratos a reclamar precios caros en el nombre de un trato no discriminatorio, argumentando entonces características del desenvolvimiento privado.

En otras palabras, mientras las leyes impulsan el precio de la energía hacia la baja, la administración impulsa el precio hacia el alza; perjudicando la economía: Consumidores que sufrimos alta facturación, contribuyentes que pagamos el subsidio, pérdida competitividad de nuestros productores por su incidencia en el costo de producción.

El gran desafío del nuevo incumbente de la CDEEE  radica en privatizar el servicio respetando las reglas del mercado y estimulando la competencia para proveer un mejor servicio y a menor costo.

El primer paso en esta dirección ha de ser romper las contradicciones entre el sistema diseñado y su administración; adecuando ésta a lo establecido en la Ley General de Electricidad que lo regula.

Y a la ley 340-06 sobre compras gubernamentales que hace tres años, en el párrafo 4 de su Art. 80 estableció un plazo de doce meses para considerar derogados aquellos actos administrativos que se opongan a la misma; aplicable de inmediato a todos los contratos suscritos con empresas eléctricas.