En cualquier parte del mundo legislar en beneficio propio está prohibido, pero aquí es un privilegio del que nuestros senadores y diputados abusan con absoluta impunidad y del que barrilitos y cofrecitos son tan solo un botón de muestra. Porque hace tiempo que nuestros legisladores decidieron que no iban a coger lucha, como el resto de sus mortales conciudadanos, con un sistema de seguridad social que no acaba de arrancar diez años después de iniciada su implementación, lo que los llevó a crear el Instituto de Previsión Social del Congresista Dominicano (Inprescondo), con el que se garantizan una “adecuada protección contra la desocupación, la enfermedad, la incapacidad y la vejez”. ¿A qué ciudadano no le gustaría sentirse tan seguro y protegido? Pero lo bueno siempre puede mejorarse, y lo mismo puede decirse de los privilegios, como acaban de demostrarnos los senadores que en la sesión del pasado jueves declararon de urgencia, y aprobaron en dos lecturas consecutivas, un proyecto que modifica la ley 340-98 que creó el Inprescondo y que aumentará los beneficios de los senadores y diputados jubilados. Este es el punto en el que uno se siente tentado a citar, aunque solo sea por joder, el conocido refrán que dice que a quien Dios se lo dio que San Pedro se lo bendiga, pero solo hasta que se cae en la cuenta de que los recursos que hacen posible que nuestros legisladores disfruten de un sistema de pensiones como en el primer mundo no caen del cielo sino que salen de nuestros bolsillos. Y eso es lo que molesta, indigna y “encojona”.