No debe dejarse pasar sin expresiones de disgusto la demostración de uso del poder en beneficio de sus propios miembros que acaba de dar la Cámara de Diputados al aumentarse los sueldos  en 59 mil pesos mensuales. Esto se agrega a las partidas para gastos   de representación, dietas y “compensaciones” que cada 30 días reciben.

La  condición  de legislador ha ido resultando  cada vez más costosa.  Los ciudadanos que por ellos votaron han visto la forma en que sus elegidos  ingresan  a la minoría irritante  de servidores públicos altamente  remunerados que además son beneficiados con exoneraciones y un acceso  a fondos públicos para promoverse con labores sociales en  singular  falta de equidad, pues los aspirantes a sustituirlos en lides electorales no contarán con tales recursos.

El hecho de que la Cámara “ahorrara” de su presupuesto para subir sueldos no confiere justificación a menos que se pretenda  ver a los organismos legislativos como islas que pueden existir y disfrutar del Erario  al margen de la realidad del Estado y la nación a que se deben y que están sometidos en estos graves momentos de crisis a déficits y prioridades del más alto interés social. La consigna de la hora debe ser ahorrar y manejar productivamente los recursos.

Indefensión ciudadana

Es como para espantarse. Se trató de un oficial de Aduanas, de la unidad de inteligencia, quien ha revelado que el 70% de las farmacias del país venden libremente productos farmacéuticos “falsificados o adulterados”, algo comprobado  a través del ingreso en grandes cantidades de estos artículos desde el exterior. Esta información de primera mano y carácter oficial sobre lo que ocurre  en el comercio de medicinas se suma a un lamento de la propia Secretaría de Salud Pública, que semanas atrás admitió  que no dispone de medios  institucionales ni materiales suficientes para combatir el tráfico ilegal.

El consumidor tendrá que defenderse solo del engaño y de la ominosa posibilidad de ingerir “patentizados” que en vez de sanar podrían enfermar, y que en vez de salvar podrían matar. Está dicho que el mayor peligro lo corren los marginados, pues el expendio de medicinas falsificadas ocurre mayormente en barrios pobres. Los  ciudadanos, que tan imprescindibles resultan para elegir autoridades, tienen que oírlas  hablar  después de una inaceptable incapacidad de protegerlos.