El Partido Revolucionario Moderno (PRM) afirmó ayer que según las Leyes y el contrato firmado para la planta Punta Catalina por el Estado y la compañía Odebrecht, la empresa no puede seguir ninguna de las obras a su cargo y anunció que iniciará gestiones para que indemnice al Estado por la violación del convenio.
En rueda de prensa en su local, la organización, mediante documento leído por Antonio Almonte, reclamó que el consorcio sea sometido a la justicia por las violaciones flagrantes a la Ley 449-06 y 448-06, sobre contrataciones de obras públicas y sobre sobornos.
En una nota afirma que esas leyes prevén el cierre inmediato de las operaciones de la multinacional, máxime cuando ha confesado su delito.
Estuvieron los dirigentes Andrés Bautista, Jesús Vásquez, Orlando Jorge Mera, Roberto Fulcar, Fernando Durán, Deligne Ascensión y Rafael Montilla.
“Reclamamos la apertura inmediata de una licitación internacional para contratar otra firma especializada en construcción de plantas eléctricas que termine Punta Catalina”, dice el texto.
El PRM exige además, contratar a la mayor brevedad una firma auditora independiente, para una evaluación rigurosa de los costos base del contrato EPC de Odebrecht.
Instruyó a su dirección legal para que presente querella ante la autoridad judicial competente, contra la empresa y sus representantes, los funcionarios y personas receptoras del pago de los sobornos, y de los involucrados en su manejo y distribución.
El documento consigna que la revelación del sistema de sobornos y sobrevaluación aplicado por Odebrecht para la adjudicación y construcción de costosas obras financiadas con fondos públicos, en complicidad con funcionarios, ha evidenciado un entramado de corrupción que opera impune al amparo del poder público oficial.
Expone que a diferencia de otros países, el Procurador General ni siquiera ha citado para interrogar al presidente del Senado, Reinaldo Pared Pérez, y al ex de los de diputados, Abel Martínez, en cuya gestión fue aprobada la central eléctrica en Punta Catalina.