El Partido Revolucionario Moderno (PRM) afirmó hoy que la selección por parte  del Comité Político del Partido de la Liberación Dominicana (PLD), de presentar a Lucía Medina como presidenta de la Cámara de Diputados, es una decisión que convierte al país en “una caricatura de democracia”.

En una declaración suscrita por su presidente, Andrés Bautista García, y el secretario general, Jesús Vásquez Martínez, el PRM advierte que con los hermanos Medina (en referencia al presidente de la República, Danilo Medina) ejerciendo la conducción del Poder Ejecutivo y una de las presidencias del Congreso Nacional, se entraría en conflicto con el espíritu de la Constitución de la República y la prudencia que se debe guardar en  la conducción del Estado.

“Todos sabemos que la Constitución de la República es precisa en lo relativo a la separación de poderes y la independencia que debe tener cada uno de ellos, en especial el Legislativo, que tiene entre sus principales funciones actuar como poder contralor del Ejecutivo”, señalaron en nota de prensa Bautista y Vásquez.

Precisaron que resulta un despropósito que el presidente Medina esté concentrando bajo su mando el control de todos los poderes del Estado, en momentos en que, dice, se produce un consenso nacional  alrededor de la propuesta del presidente del Consejo Nacional de la Empresa Privada (Conep), Rafael Blanco Canto, para que en el país se ejecute un conjunto de reformas que restauren la vigencia de las instituciones democráticas.

El PRM establece que con el nombramiento de dos dirigentes que le son incondicionales al frente del Congreso Nacional (en referencia al presidente del Senado, Reinaldo Pared Pérez), el presidente Medina se agencia un mayor control del Consejo Nacional de la Magistratura, que escoge a los integrantes de las llamadas altas cortes.

Aprobación de leyes. Afirmaron que esa organización política se mantendrá activo en la articulación de consensos en favor de la aprobación de las leyes del régimen electoral y de partidos y agrupaciones políticas, para que tanto en la Junta Central Electoral, que es escogida por el Senado, como en el Tribunal Superior Electoral y otras instancias, sean seleccionadas personas de probada integridad  y que en  sus actuaciones se conviertan en garantes del cumplimiento de la Constitución y las leyes.

Llamaron la atención de que mientras el jefe del Estado dice estar dispuesto a concertar reformas, en los hechos concentra cada vez más poder en su persona, como a su juicio lo hizo el martes en el Comité Político, donde en la práctica ejerció un presidencialismo absolutista y monopólico que en muchas ocasiones «ni siquiera se cuida de guardar las formas que exige un régimen democrático».